Los criterios de política económica prevén un crecimiento económico de 4.1 por ciento para 2022, proyección optimista, de acuerdo con la OCDE, el Banco de México y Fitch Ratings, que pronostican una tasa de crecimiento entre 2.7 y 3.2 por ciento.
Aún la estimación de 4.1 por ciento sería insuficiente para alcanzar la senda de crecimiento que se tenía desde 2010, para lo cual se requiere mayor inversión productiva y rentable. A esto, hay que agregar que debería ser impostergable atender los niveles crecientes de pobreza con un mayor gasto social y mejor focalizado.
Pues bien, al analizar el gasto proyectado para 2022 en Salud, Educación y Energía, se observa que las preferencias del actual gobierno no están enfocadas en lograr más crecimiento económico ni un mayor desarrollo social.
Según el documento, Implicaciones del Paquete Económico 2022 publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el 17 de septiembre de 2021 (https://ciep.mx/lDJB), en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, se estima un gasto público para el sector Salud de 824 mil 181 millones de pesos (mdp), que equivale a 2.9 por ciento del PIB.
Asimismo, se proyecta un gasto educativo por 883 mil 929 millones de pesos, para ubicarse en la proporción más baja en los últimos ocho años con 3.1 por ciento como proporción del PIB.
Por su parte, el gasto dirigido al sector energético es de un millón 346 mil 360 mdp, equivalentes a 4.8 por ciento del PIB.
De aquí, más de la mitad, 58 por ciento del total es gasto dirigido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 32 por ciento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es decir, a Pemex y CFE se destina un gasto similar a 70 por ciento de lo que se proyecta como gasto social en salud y educación.
Es decir, el gobierno prefiere gastar e invertir en Pemex y la CFE que en salud o educación. Y peor aún, gasta e invierte en actividades poco rentables como es la Refinería Dos Bocas y generación eléctrica a base de combustibles fósiles, que serán de poco beneficio para los mexicanos y que son actividades que podrían ser atendidas por la inversión privada con mayor eficiencia, rentabilidad y un enfoque más limpio en beneficio de las generaciones futuras.
Si así fuera, el gobierno tendría más recursos para gasto social. Desafortunadamente, las preferencias en el gasto e inversión pública van por otro lado.
POR SUSANA IVANA CAZORLA ESPINOSA
Socia fundadora de SICEnrgy
PAL