A principios del mes pasado, cientos de voces de expertos, periodistas y aún desde este espacio se habló sobre lo que entonces era sólo un anuncio del gobierno federal: el regreso a clases presenciales sucedería a toda costa.
Sin embargo, a pesar de que se señaló que era equivocada la estrategia anunciada desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) para un regreso seguro en medio de la tercera ola de COVID-19 y una falta de condiciones en general en los centros educativos, ni el Presidente ni sus funcionarios recularon.
La pandemia ha tomado la vida de casi 800 menores de edad hasta el momento. La primera semana de clases presenciales, se reportaron 88 contagios, en múltiples estados se dio marcha atrás a la reapertura, o bien, se realizaron cierres de planteles en donde éstos se detectaron.
Naturalmente, Delfina Gómez, titular de la SEP, minimizó las cifras, alegando que en realidad es un número muy pequeño de contagios en comparación con los planteles que reanudaron sus clases a nivel nacional; pero a estas alturas, ni siquiera podemos confiar en que el gobierno brinde las cifras reales de contagios y cierre de escuelas: la falta de transparencia ha sido la constante en los últimos 18 meses.
Lo preocupante es que, frente a estos primeros reportes, no se exploren medidas adicionales para garantizar un mejor manejo de la pandemia al interior de los centros educativos.
Deberíamos esperar que se implemente una campaña más eficaz de vacunación entre menores o una segunda dosis para los maestros. Está comprobado que la vacuna CanSino, aplicada en personal docente, pierde parte de su efectividad tras 8 meses.
Deberíamos también esperar a que en los planteles se ofrecieran o se aplicaran pruebas periódicas para mejor seguimiento de posibles contagios, pero el gobierno ya no tiene recursos para eso, el dinero para pruebas de diagnóstico nunca fue prioridad frente a los caprichos presidenciales de un tren y una refinería.
Los cierres de centros educativos dejan entrever que la SEP ni siquiera tiene criterios bien establecidos, o por lo menos comprendidos, por el personal. Las decisiones se han tomado a discreción, denotan profunda desorganización y un vacío que deja vulnerables a nuestros niños y jóvenes, a quienes más debemos proteger
¿Hay que regresar a clases presenciales? Si, pero con garantías claras. Y no es precisamente escuchar decir a Hugo López-Gatell una de las que, sin duda, es de las mayores barbaridades que ha declarado en el último año y medio: “vacunar a un niño es quitarle una vacuna a una persona adulta que lo necesite más”. O se es muy cínico, o muy ignorante.
El gobierno federal sigue minimizando cifras y cierra los ojos. Se relega al ostracismo mientras los reclamos sociales van en aumento, en un sexenio que prometió ser el promotor de una gran transformación que nunca llegó, y que claramente está lejos de ser lo que debería.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
DZA