El gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, parece cada vez más aislado internacionalmente, pero también cada vez más empeñado en asegurar su permanencia, a través de unas elecciones sin competencia.
La tarde del lunes, y en nombre del derecho a la soberanía y la autodeterminación, el gobierno de Ortega marcó la decisión de endurecer su postura al anunciar la decisión de llamar a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México, en respuesta a medidas similares de esos países.
Llamó la atención la aparente demora en dar respuesta a las medidas adoptadas por Argentina y México el 21 de junio, y Colombia el 28 de julio. Costa Rica pospuso el nombramiento de la que sería su primera embajadora en años.
Horas antes, la Unión Europea había señalado que las elecciones del 7 de noviembre ya no tenían credibilidad alguna, y anunció sanciones contra algunos miembros de ese régimen, incluso la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega.
El sábado, en una declaración del Departamento de Estado, Estados Unidos acusó al gobierno nicaragüense de adoptar acciones autoritarias y antidemocráticas en el marco de esfuerzos por mantenerse en el poder a cualquier precio.
Murillo es considerada como la persona clave en la situación nicaragüense, toda vez que se cree es quien mueve los hilos del gobierno debido a la supuesta mala salud de Ortega. De acuerdo con algunas versiones, hasta siete de los nueve hijos de la pareja se encuentran en puestos relevantes en el gobierno del país.
En un artículo publicado por su diario electrónico Confidencial, del exiliado periodista Carlos Fernando Chamorro, afirmó que "Murillo comparte con Ortega toda la responsabilidad por el desmantelamiento de la democracia y los crímenes de lesa humanidad, que han sido señalados por los organismos internacionales de derechos humanos”.
En todo caso, el hecho es que a 75 días de iniciada, la ola represiva llevó ya al arresto de al menos 31 líderes opositores, incluso siete presuntos candidatos presidenciales, y la prohibición del algunos que lucharon al lado de Ortega contra la dictadura dinástica de la familia Somoza, que controló Nicaragua de 1933 a 1979.
Las acusaciones se basan en una ley que diciembre pasado que potencialmente hace "traidor a la patria" a todo aquel nicaragüense que cometa actos que menoscaben "la independencia, la soberanía y la autodeterminación" o, según señalamientos opositores, a quien se oponga abiertamente a la familia Ortega.
Los tres principales partidos de oposición han visto así la cancelación de su personalidad jurídica y, por tanto, su participación en las elecciones.
Hace casi medio siglo, Ortega encabezó al Movimiento Sandinista de Liberación Nacional, en la lucha contra el régimen autoritario de la dinastía Somoza y en reclamo de democracia.
Hoy, establece un régimen autoritario propio.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
MAAZ