La consulta va a pesar de los obstáculos que tuvieron que sortearse para su realización. No hablo sólo de la realizada para juzgar a los actores políticos del pasado; verlo así, sería describir el accidente y no el fenómeno. Hablo del proceso político y social de más de 40 años para incluir los instrumentos de democracia directa en la legislación mexicana.
En tierras aztecas, el poder siempre ha desdeñado a la democracia directa. Las razones son obvias: los políticos se atribuyen para sí el monopolio del poder público. Por muchos años, los ciudadanos cedieron decisiones importantes a la clase política, pero los políticos, lejos de mejorar la vida pública, se volvieron mediocres, burocráticos y corruptos. Es el momento que los ciudadanos tengan más injerencia en los asuntos públicos y el primer paso es esta consulta.
Si bien un Estado moderno no puede gobernarse a mano alzada, la utilización cotidiana de plebiscitos, referéndum y consultas fortalecen a la democracia.
La consulta de este domingo es para una valoración política, no penal a los expresidentes. Esto es independiente a si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra en las acciones de los exmandatarios elementos de algún delito, ante lo cual debería
proceder.
La consulta es para que la sociedad tenga la oportunidad de expresar su opinión respecto a los últimos cinco sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, periodo en el cual el país ha ido de mal en peor. Los políticos, sobre todo los reciclados, apuestan por la corta memoria de la sociedad. Esta consulta permite recordar el origen de muchos de los problemas actuales.
¿Podrá juzgarse a Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí. Es más, antes de que termine su gobierno se le podrá juzgar política y jurídicamente. Políticamente, a través del mecanismo de revocación de mandato que podría realizarse en marzo del siguiente año. Jurídicamente, porque ya no tiene el fuero del que gozaron sus antecesores. Pequeña diferencia que omiten mencionar sus opositores.
En 1993, promoví y participé en el Plebiscito Ciudadano del entonces Distrito Federal, para que sus habitantes pudieran elegir a sus gobernantes. En 1997, fui uno de los miles de organizadores de la Consulta del FOBAPROA que rechazaba que la deuda de los bancos se convirtiera en deuda pública.
En 2014, recabé firmas para revertir la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, cuya pregunta la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inviable. Por supuesto promoví esta consulta y acudiré a un centro de votación, porque es un derecho de los ciudadanos participar en ésta y en otros ejercicios de democracia directa del futuro.
Quizás la sociedad aún no valora en sus justas dimensiones este ejercicio, pero es un paso muy importante para que los ciudadanos tengan mayor injerencia en los asuntos públicos y para acotar a los políticos.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO
@ONELORTIZ
MAAZ