Se cumplen dos años del inicio de operaciones de la Guardia Nacional (GN) como uno de los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién durante la ceremonia conmemorativa destacó la formación de sus casi cien mil elementos, gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa nacional y Marina Armada de México.
Parte de las labores de esta fuerza militarizada se han visto demostradas en las fronteras norte y sur del país, con el fin de evitar el flujo migrante de indocumentados centroamericanos particularmente, además de adoptar funciones de seguridad pública, atención a la crisis sanitaria, el combate al robo de combustibles, entre otros rubros del crimen organizado.
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Actualmente corre el plazo de cinco años para el desarrollo de su estructura, capacidades y despliegue territorial, no obstante, el presidente hace unos días informó que pretende que la GN quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a que durante el proceso de creación se aseguró que se mantendría permanentemente un mando civil.
Se trata de dos años en los cuales no se han registrado avances sustanciales en temas de seguridad, en donde la violencia sólo se recrudece, convirtiéndose en una estrategia que hoy en día es incapaz de frenar esta triste realidad en los sitios de mayor problemática en el país.
Un aspecto que sin duda preocupa es la cada vez mayor militarización nacional, siendo el caso de la GN, en donde se han visto carencias en su estructura, operación y fundamentos institucionales comprendidos en la reforma constitucional.
Sus procesos de reclutamiento se realizan mediante los servicios militares y sus miembros pertenecen a las fuerzas armadas de México en una proporción estimada de siete de cada diez elementos, además de que sus procesos tampoco cumplen los requisitos relacionados con formación y certificación policial.
De continuar con esta tendencia de militarización de los proyectos de nación, interpretando un aumento natural de sus funciones en temas ajenos de los establecidos en la legislación, más complicado será que genuinamente se pueda cumplir a cabalidad con dicha encomienda.
Aunado a lo anterior, es importante considerar que cuando se conformó la GN se tenía un objetivo con expectativas claras de un mando civil en tanto que se priorizarían las consideraciones respecto a derechos humanos.
Lo antes expuesto difiere de los objetivos originales de la 4T a su llegada a la presidencia de regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles, cuestión que no sólo no sucedió, sino que se le estaría atribuyendo más concesiones a un servicio militar que en ocasiones afecta a la población civil en su lucha en contra del crimen organizado.
Al respecto, la GN tiene un esquema de controles externos diseñados para supervisar sus actividades bajo un esquema de supervisión parlamentaria, que desafortunadamente, no ha funcionado como se tenía pensado.
Por otro lado, la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Fiscalía General de la República, instituciones también encomendadas a su supervisión, particularmente en asuntos de fiscalización, se han visto inhibidos por el empoderamiento que las fuerzas castrenses han venido recibiendo incondicionalmente los últimos tres años.
La historia reciente nos ha mostrado a través de diversos ejemplos como la militarización de la vida pública del país es un riesgo latente para la comisión abierta de vejaciones a los derechos humanos, más si extrapolamos la sensible situación de violencia que prevalece en gran parte del país.
Es necesario que la nueva legislatura haga un verdadero ejercicio de análisis sobre las implicaciones que conlleva el mantenimiento de esta peligrosa tendencia.
POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY
MAAZ