Durante la madrugada del domingo 6 de junio, en el municipio de Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen, la Fiscalía del estado de Quintana Roo --controlada como muchas otras instituciones en el estado por el gobernador Carlos Joaquín González--, irrumpió violentamente en uno de los domicilios de la alcaldesa de Morena, Laura Beristain, candidata a la reelección.
Con armas largas, golpeando y profiriendo insultos, la policía ingresó al más puro estilo pinochetista en el domicilio donde habitan tres de los hermanos Beristain, y donde operaba su equipo político. Hace tan solo unos días estuve en el lugar de los hechos: vi los golpes que dejaron en la puerta con sus armas largas y pude reconstruir los sucesos con diversos testigos.
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Previo a la jornada electoral, además, se detuvieron a 15 personas acusadas sin fundamento de presuntos delitos electorales y se buscó deliberadamente sembrar caos antes y durante la jornada electoral, para así generar un clima de miedo entre la población e intimidar a la militancia de Morena y sus aliados.
En teoría, la Fiscalía buscaba pruebas de presuntos delitos electorales, para lo cual habían logrado obtener una orden de cateo por parte de uno de los jueces, también controlados por el gobernador.
La realidad es que Carlos Joaquín –que tiene en ese municipio su principal bastión de poder y detesta a Beristain— buscaba frenar a como diere lugar a una seria contendiente a la gubernatura, como lo ha venido haciendo desde que asumió en 2018 hostigándola con ataques misóginos y homofóbicos financiados por su gobierno en redes sociales.
Hechos como este ponen de manifiesto el poder que todavía tienen muchos gobernadores en México, los cuales actúan como si fueran dueños de sus estados. Este poder, del que no estamos hablando lo suficiente, va desde el control de todos los poderes e instituciones –en este caso el órgano electoral, el poder judicial, el legislativo e incluso a muchos de los partidos de oposición—hasta los medios de comunicación, a los que maicean de forma recurrente.
Suena cuando menos gracioso que cuando la alcaldesa Laura Beristain denunciaba estos hechos y solicitaba la nulidad de la elección, en la Ciudad de México comentócratas y opositores al gobierno de López Obrador denunciaban como un acto tremendamente autoritarismo el “acoso a la prensa” y su “estigmatización”, tan solo por haber ideado una nueva sección para desmentir noticias falsas en las mañaneras.
No deja de ser extraño que un día sí y otro también opositores a AMLO e intelectuales públicos enfilen todas sus críticas hacia el “autoritarismo” del presidente de la República y jamás pongan en tela de juicio la forma en que gobiernan –esta sí decididamente autoritaria—varios gobernadores del país.
Si lo hicieran, cuando menos debieran estar poniéndole atención a la serie de irregularidades que se dieron en el municipio de Solidaridad y que han puesto en tela de juicio la integridad de esa elección.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
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