A tan sólo dos días de las elecciones más grandes en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para recibir hoy a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Es la primera reunión presencial entre ambos funcionarios y el eje central será la migración. Sin embargo, la visita de la segunda al mando del gobierno de Estados Unidos llega en un momento de cambio político en el país y,sin duda, abordarán otros temas como el fortalecimiento de la democracia, la violación de derechos humanos y lucha contra la corrupción.
En semanas pasadas, AMLO se ha quejado con su vecino del norte por no contestar una nota diplomática que envió a la embajada de Estados Unidos, la cual exige una explicación sobre el financiamiento por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) a organizaciones no gubernamentales supuestamente vinculadas con partidos y grupos empresariales opositores a la 4T.
Es interesante que el presidente esté tan preocupado por lo fondos que USAID le otorga a la sociedad civil mexicana, particularmente porque sólo representan un porcentaje mínimo del presupuesto total de esta agencia al país. En 2019, USAID le destinó 444 millones de dólares a México: 165 millones en asistencia extranjera de defensa, 101 millones a programas antinarcóticos y cumplimiento de la ley, 46 millones en asistencia para refugiados y migrantes y sólo 5.8 millones a organizaciones de la sociedad civil. AMLO no se ha quejado del financiamiento que han recibido las distintas instituciones del gobierno mexicano, sólo de aquellas organizaciones que critican su gestión. Como lo ha hecho desde un inicio de su sexenio, escoge los sucesos que para él representan una intromisión en los asuntos internos de México y cuáles no. Este es sólo otro ejemplo de ello.
Aunque no obtuvo una respuesta directa a su nota, el memorándum que publicó la Casa Blanca dejó claro las prioridades del mandatario estadounidense en el exterior. Establece formalmente la lucha contra la corrupción global como un interés central de seguridad nacional de Estados Unidos y, por lo tanto, fortalecerá la capacidad de instituciones nacionales e internacionales, al igual que a la sociedad civil y a los medios de comunicación que se dedican a investigar el tema.
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La vicepresidenta corroboró la estrategia de su jefe al reunirse con líderes de la sociedad civil en Centroamérica, anunció una ayuda adicional de 310 millones de dólares para la región y aseguró inversiones de empresas y organizaciones con el objetivo de combatir los problemas estructurales que impulsan la migración. El mensaje es claro, la mayoría del presupuesto de Estados Unidos se destinará a organizaciones de la sociedad civil y al sector privado para atender la creciente crisis migratoria que cada vez más se convierte en una amenaza política para los demócratas en las elecciones intermedias de 2022.
Evitarán, por lo general, entregar recursos a los mandatarios e instituciones gubernamentales del Triángulo Norte y México debido a los altos índices de corrupción. Según el Índice de Corrupción Internacional 2020, el cual mide percepciones del nivel de corrupción en el sector público en 180 países, El Salvador, México, Guatemala y Honduras cuentan con unos de los niveles de corrupción más altos en el mundo.
La encomienda de la vicepresidenta de resolver la migración en Centroamérica y en México se podrá convertir en la peor pesadilla de AMLO. Si Palacio Nacional estuviera realmente comprometido con abatir la corrupción, recibiría la nueva estrategia de su primer socio comercial con brazos abiertos. Sin embargo, la crisis migratoria se ha convertido en una amenaza existencial para el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con Estados Unidos comprometido a fortalecer a sectores fuera del control inmediato del Ejecutivo, AMLO enfrenta un doble contrapeso en los últimos años de su sexenio.
POR LILA ABED
POLITÓLOGA E INTERNACIONALISTA
@LILAABED
dza