Entre 2014 y abril de 2021 se cometieron en México 240 crímenes de odio contra personas LGBT+.
El año en el que más de estos crímenes se cometieron fue 2019, cuando se contabilizaron 75; en 2021, hasta abril, ya sumaban 31; de continuar esta tendencia podría superarse la cifra, nunca registrada, de más de 100 víctimas en un año.
Estos datos, tomados del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT+, de la Fundación Arcoiris, son expresión de la barbarie que trunca vidas por la única e insostenible razón de complejos atávicos que no debieron haber tenido lugar nunca y que han llegado hasta nuestros días, entrado ya el siglo XXI.
Por esta y muchas otras razones se explica y se justifica que, a pesar de ser, desde siempre, sujetos de derecho, personas de la comunidad LGBT+ salgan hoy a las calles del país y de muchas partes del mundo a demandar respeto e igualdad de derechos, reconocimiento a las familias diversas, a la salud sexual sin discriminación y al término de los crímenes de odio. No debería ser necesario. Pero lo es.
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Al paso de los siglos, comunidades enteras o pequeñas minorías han luchado, a veces incluso pagando el costo con vidas humanas, para avanzar o conquistar el reconocimiento a sus derechos, el acceso a la justicia, al voto o a la igualdad de oportunidades. En general las sociedades y los gobiernos suelen ser reticentes e incluso refractarios a reconocer derechos de manera proactiva y espontánea y, casi siempre, son los demandantes los que terminan forzando a que se establezca en el acuerdo social lo que por derecho les corresponde.
Cada persona que se identifica como parte de la comunidad LGBT+ tiene el derecho ya, per se, de decidir sobre su propia vida y su relación con las demás, así como a decidir su identidad de género y a ejercer su orientación sexual, pero ese derecho requiere ser expresamente reconocido, no solamente en el marco legal, sino también en la vida cotidiana, en los trabajos y las escuelas, en las asociaciones civiles, en las organizaciones deportivas y en todo tipo de comunidad.
Especialmente debe ser reconocido y socializado en el entramado gubernamental para prevenir discriminación, marginación o exclusión de los servicios públicos, y con mayor énfasis en las corporaciones policiales y de seguridad en general para evitar detenciones arbitrarias, abusos, maltratos, torturas e injusticias.
Desde luego, todas y todos tenemos, por nuestra parte, un deber de respeto, sin adjetivos, hacia todas las personas, con independencia de su identidad de género y su orientación sexual. Este respeto es tan fundamental que no debe ser víctima de olvido ni motivo de presunción; es solo el respeto que se deben y merecen los iguales en derechos, como lo somos todos, aunque en todo lo demás, enhorabuena, seamos diversos.
POR MAURICIO FARAH
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