Una vez superada la vorágine de la jornada electoral y conocidos los resultados que dan cauce —en principio— a la asignación y distribución final de curules, vale la pena comenzar a vislumbrar el camino hacia la constitución de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados. Lo anterior, en el entendido de que durante los próximos dos meses y medio diversos hitos de gran relevancia tendrán verificativo en el contexto de su configuración y funcionamiento.
En las próximas semanas, el Instituto Nacional Electoral (INE) habrá de revisar los informes remitidos por los actores políticos respecto al origen, monto y destino de los recursos aplicados durante el periodo de campañas, con el objetivo de definir las sanciones que resulten procedentes en el marco de la aprobación de los dictámenes respectivos y la resolución de los procedimientos sancionadores correspondientes.
En tal contexto, el INE habrá de privilegiar el cumplimiento irrestricto de las normas en materia de fiscalización, a efecto de salvaguardar el principio de rendición de cuentas.
Por otro lado, también resultará relevante dar seguimiento al desarrollo del cúmulo de impugnaciones que se hagan valer ante los órganos jurisdiccionales competentes, cuya resolución implicará ya sea la confirmación de los resultados reflejados en los cómputos distritales o bien la nulidad de determinadas elecciones, lo cual podría derivar en el replanteamiento del escenario político-electoral.
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Posteriormente, y una vez resueltas las impugnaciones y concluido el proceso de asignación de diputados plurinominales, cada fuerza política deberá definir la integración de su Grupo Parlamentario, establecer sus liderazgos, entregar sus documentos constitutivos y presentar sus agendas legislativas. También habremos de estar atentos a la elección de la Mesa Directiva, la instalación de la Junta de Coordinación Política y la constitución de las comisiones ordinarias.
La relevancia de estos hitos estriba en que la próxima legislatura tendrá un papel determinante en la definición de los alcances del proyecto presidencial. Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para la aprobación de reformas legales, pero en el caso de reformas constitucionales dicha mayoría deberá apelar a negociaciones y alianzas con otras fuerzas políticas.
Por su parte, el PAN no podrá establecer un bloque de contención autónomo, por lo que requerirá que la coalición electoral “Va por México” se traduzca en una alianza permanente en el Congreso. En tal escenario, los legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde serán los que inclinen la balanza para la formación de las mayorías parlamentarias que definirán el sentido del quehacer legislativo.
En tales circunstancias, la próxima legislatura definirá —tal vez como ninguna otra— el porvenir político y social del país en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, la consolidación de equilibrios, el establecimiento de contrapesos y la búsqueda de consensos deberán ser condiciones irreductibles para garantizar que la pluralidad
democrática expresada en las urnas funja como el eje articulador para la toma de decisiones en el espacio público, en beneficio del bien común y del interés colectivo.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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