Desistirse del amparo por el único delito del que se le acusa (defraudación fiscal) y dejar que el tema del desafuero sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando la decisión de la Cámara de Diputados es inatacable, podría llevar al gobernador de Tamaulipas a convertirse en el primer mandatario estatal encarcelado sin que haya cumplido su mandato y en un futuro no muy lejano en el Nelson Mandela mexicano.
Con los elementos de coyuntura existentes y algunos antecedentes históricos sobre desafuero, como el caso del hoy titular del ejecutivo federal, no es aventurado pensar que el aún gobernador pudiera salir fortalecido y de paso convertirse en el eventual candidato a la presidencia de la República para 2024.
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Si bien ésta premisa no alcanza para formular una hipótesis más robusta, tampoco lo actuado por las autoridades es suficiente para probar todos los delitos en contra del aún gobernador, sobre todo de los delitos más graves como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior después de que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República no pudieron probar dichos ilícitos apoyados en una red de vínculos en la que predominan suposiciones, especulaciones, inferencias y hasta “deseos de que así sucedieran las cosas”, los cuales terminarán cayéndose por falta de lógica y evidencias que den sustento a sus relaciones.
En este tipo de herramientas, a las que gradualmente recurren Ministerios Públicos y Jueces para explicar gráficamente los vínculos de los probables responsables de un delito, no aplica la sentencia de que si P entonces Q, es decir que si alguien (persona física o moral) cometió un ilícito, en automático todas las personas con las que se relaciona lo cometieron también.
En estricto rigor jurídico si alguien cometió un delito no se lo puede transferir en automático a la persona con la cual se vincula, así de simple; lo demás es una inferencia, una especulación o una suposición que no se podrá probar por el solo hecho de decirla o escribirla muchas veces.
No es la primera vez que la UIF entrega a la FGR lo que denomina mapas delincuenciales para acusar a probables responsables de un delito vinculado a temas financieros sin el rigor metodológico que se requieren para cumplir su objetivo.
Dicho de otra forma, los vínculos deberían estar basados en relaciones de causalidad (causa efecto) y no de casualidad, menos relacionar dos eventos que sucedieron en una misma fecha pero en diferente ciudad y circunstancias, que nada tienen que ver aunque impliquen movimiento de dinero.
En materia de investigación policial, cada vínculo que se agregue y se grafique en una red de vínculos debe llevar el suficiente sustento.
Dicho en otras palabras si en un punto de una ciudad se roban un vehículo y minutos después roban un banco utilizando como apoyo un vehículo robado, esa secuencia y relativa coincidencia geográfica no alcanza para afirmar que los delitos y sus autores estén vinculados entre sí, para hacerlo deberá reunirse evidencia sólida que así lo indique; justo ese es el trabajo de la policía investigadora y recientemente de la UIF, reunir pruebas que den sustento a su dichos plasmados en un documento que dé soporte a un proceso judicial (red de vínculos).
En el caso del gobernador desaforado esto quedó evidenciado por el propio presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, quien señaló que no hubo elementos suficientes para imputarle todos los delitos de los que la FGR lo acusa únicamente por defraudación fiscal.
Ante este escenario, el mandatario tamaulipeco podría pisar la cárcel pero no quedarse por mucho tiempo y una vez que obtenga su libertad, se podría convertir en el candidato natural a la presidencia de la República por el partido que lo llevó a la gubernatura, es decir, se convertiría en el Nelson Mandela mexicano.
Conste que hablando en términos de béisbol, esos que tanto gustan al titular del ejecutivo federal, contra la base por bolas no hay defensa.
POR FACUNDO ROSAS.
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
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