En febrero de 2009 fue aprobada la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAUT) como parte de la estrategia para prevenir y combatir el secuestro y la extorsión, logrando parte de su objetivo pero fue satanizado por los defensores de los derechos humanos por considerarlo un invasión a la privacidad de las personas; 12 años después revive con otro nombre pero con la misma intención de combatir la la extorsión.
A ver ahora qué dicen los que en 2009 se opusieron y hoy son gobierno, además de que tienen mayoría en el congreso, por lo pronto se dieron cuenta que es una herramienta necesaria pero sigue siendo violatoria de los derechos humanos y la privacidad de las personas.
Si la primera vez fracasó por la resistencia de la población a entregar sus datos, así como por haberse filtrado la base de datos e incluso estar a la venta en el mercado negro en Tepito, es muy probable que en esta ocasión corra la misma suerte por razones idénticas, con mayor razón si pondrían en riesgo los datos biométricos que en esta ocasión están solicitando.
Será acaso esta la estrategia en contra de la extorsión anunciada hace algunas semanas por el gobierno federal y que no ha sido presentada públicamente en Palacio Nacional por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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De ser así, deberían partir de la premisa de que la cifra negra de la extorsión en México es del 99.81% y la impunidad es cercana al 100%, tal como lo señalé el 19 de marzo en este mismo espacio. Es decir, solo en uno de cada 1,000 casos se logra detener al presunto responsable, pero no todos reciben sentencia condenatoria.
En cuanto al secuestro, la cifra negra e impunidad son similares a las de la extorsión, con la agravante de que el gobierno de la República ya no atiende casos de secuestro desde 2020, dejando está responsabilidad a las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de los estados, esas que fueron creadas por los conservadores en 2008.
Esta podría ser la explicación de la baja en el número de denuncias por secuestro en 2020 y lo que va de 2021, más que por una baja en la incidencia del delito, ya que esta no ha disminuido.
En síntesis, en materia de usuarios de telefonía celular se repite la historia, solo cambia el actor. Ojalá en esta ocasión los dos años de plazo para consolidar el padrón sean suficientes para que los 126 millones de usuarios registren sus datos biométricos, cosa que no es nada fácil pero ahí queda como reto.
POR FACUNDO ROSAS.
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
PAL