La Línea 12 hace rato está en pie. Su trama de fallas, acusaciones alrededor de ella y no pocos cierres, no es nueva. Sin embargo, en la historia del derrumbe de un tramo, que ha dejado un trágico saldo de 25 personas muertas, hay una fecha que marca un punto de quiebre: 19 de septiembre de 2017.
Es a partir del sismo que comienzan a aparecer denuncias de vecinos de la zona, usuarios de la Línea y trabajadores del Metro, advirtiendo riesgos por un posible colapso en el tramo elevado que se vino abajo. Y, sobre todo, es desde ese momento, que autoridades del STC -su entonces director Jorge Gaviño- prometen el “reforzamiento en todas las columnas del tramo elevado” ante lo que se reportó entonces como “afectaciones” en “columnas y trabes” en el trayecto que atraviesa la alcaldía Tláhuac.
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Luego del terremoto, el gobierno de Miguel Mancera tomó la decisión de cerrar la Línea. 44 días después, el 31 de octubre, el Metro reabrió. Gaviño dijo que todas las columnas y trabes del viaducto elevado serían revisadas mediante técnicas de rayos X y ultrasonido, para detectar daños generados por el sismo. ¿Se realizaron o no? ¿Qué arrojaron los análisis y estudios técnicos? ¿Se reforzaron todas las columnas y trabes? ¿Era seguro que operara la Línea en su tramo elevado?
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Las razones por las que estuvo cerrada en 2013 y 2014 -cuando el gobierno de Mancera la reabrió, asegurando que, tras los trabajos de “rehabilitación”, se “garantizaba” la seguridad-, nada tendrían que ver con el derrumbe. Ni los rieles, ni los durmientes, ni los vagones, ni los costos parecen ser la causa. El colapso fue a la estructura. Las advertencias ciudadanas derivaron del sismo. Desde el 19 de septiembre se alertó que la infraestructura podría venirse abajo, debido a la aparición de grietas y el desprendimiento de algunas partes de la construcción. ¿Alguien escuchó las señales de alarma? ¿Alguien atendió?
Todavía en enero de 2018, Gaviño aseguró que se habían hecho revisiones y trabajos de reforzamiento entre las estaciones Olivos y Nopalera. ¿Fue suficiente? Parece que no. Tanto el hoy diputado local del PRD, como la actual administración del Metro marcada por el desastre, que encabeza Florencia Serranía, están obligados a mostrar documentación que avale el buen estado de la infraestructura del tramo elevado de la Línea 12. Están obligados a hacer públicos los estudios que soporten que era seguro que el Metro continuara operando.
Mientras eso no ocurra, las preguntas se repiten. ¿Qué se hizo posterior al temblor para garantizar la seguridad? ¿Quién revisó en aquel momento? ¿De quién era responsabilidad hacerlo? ¿Quién recibió por parte del actual gobierno de la CDMX y no vio riesgos para que la Línea 12 siguiera funcionando con normalidad? ¿Cuándo se llevó a cabo la más reciente supervisión estructural? ¿Quién, cuándo y por qué dio el último aval de que el tramo que se derrumbó era seguro? 25 familias que perdieron a un ser querido esperan respuestas, y merecen justicia.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM
@MLOPEZSANMARTIN
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