Las denuncias sobre las graves fallas estructurales en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México fueron ignoradas y ahora hay 26 muertos. En Baja California, varias organizaciones civiles —y algunas autoridades locales— mantienen, desde hace años, una lucha contra la corrupción y las amenazas de la empresa sonorense Blue Propane, que pretende operar gaseritas ilegales y peligrosas. La pregunta es, ¿qué esperan la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para intervenir?
En las últimas semanas, la ofensiva política y mediática de Jorge Alberto Elías Retes, propietario de Blue Propane, y Alan Jaramillo, su abogado y socio, creció exponencialmente contra Montserrat Caballero, candidata de Morena que encabeza las encuestas. El punto es que cuando fue diputada local, ella construyó e impulsó una moratoria para detener la construcción ilegal de instalaciones de almacenamiento, carburación y venta de gas LP hasta que se homologaran todos los reglamentos municipales en el estado.
Blue Propane, a través de sobornos pagados en su momento a Juan Manuel Gastélum, alias El Patas, quien era el presidente municipal de Tijuana, comenzó el desorden con la construcción de gaseritas, sin respetar los usos de suelo, ni los reglamentos de protección civil. A pesar de que el Instituto Municipal de Planeación, a petición de la propia empresa sonorense, emitió un dictamen no favorable para construir estaciones de carburación de gas LP por encontrarse en zonas de alto riesgo y no cumplir con las leyes y reglamentos vigentes, Gastélum les concedió certificados de uso de suelo y licencias de construcción.
La moratoria aprobada por el Congreso del Estado de Baja California, a petición de Monserrat Caballero, paró en seco a Blue Propane. Por eso, ahora que es altamente probable que ella gane la Presidencia Municipal de Tijuana, se convirtió en blanco de las campañas negras patrocinadas por Jorge Alberto Elías Retes y Alan Jaramillo.
Te podría interesar
Las denuncias de varias organizaciones civiles bajacalifornianas, por el peligro latente que representa Blue Propane, están ahí. También las denuncias contra sus propietarios en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía General de la República.
Nadie entiende por qué las máximas autoridades del sector energético del gobierno federal (Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) no han intervenido hasta ahora. ¿Tendrá que ocurrir una tragedia para que volteen a ver todas las irregularidades, en torno a las instalaciones de Blue Propane en Baja California, para que atiendan el asunto? Así pasó con la Línea 12 del Metro de la CDMX durante varios años, solo que las 26 vidas humanas que se perdieron nada, ni nadie, las recupera.
POR ALEJANDRO CACHO
CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM
@CACHOPERIODISTA
PAL