La semana pasada EU anunció que se unirá a la India, Sudáfrica y otros países en apoyar una propuesta ante la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el COVID. En teoría, esto permitiría que otras compañías produzcan copias de las vacunas que pertenecen a empresas como Pfizer y AstraZeneca, lo cual aceleraría el proceso de inmunización en los países en desarrollo.
En sólo 18 meses, el COVID ha pasado de ser una enfermedad desconocida a un mal prevenible con cuatro vacunas autorizadas por agencias reguladoras en EU, la Unión Europea y otras naciones. Se estima que la producción mundial de vacunas contra ese virus llegará este año a más de 12,000 millones de dosis, cantidad suficiente para lograr potencialmente la inmunidad de rebaño en 2022. Nunca antes se había alcanzado una producción de vacunas de esta magnitud y velocidad.
La propiedad intelectual ha sido el héroe anónimo de esta historia, ya que ha permitido docenas de colaboraciones de investigación y alianzas de producción en todo el mundo, incluso entre competidores. Empresas rivales han compartido compuestos, plataformas y tecnologías exclusivas para desarrollar vacunas en tiempo récord. Los desarrolladores de vacunas han unido fuerzas con fabricantes alrededor del mundo —muchos de ellos competidores comerciales— con el fin de aumentar la capacidad de producción y acercarnos a la meta de las12.000 millones de dosis.
Estas alianzas no ocurrirían sin la certeza jurídica que brindan los derechos de propiedad intelectual. Si se deshacen dichas reglas, estos acuerdos colapsarían. Lo último que el planeta necesita en esta coyuntura tan delicada es una reorganización total como la que plantea la propuesta ante la OMC.
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Aún más sospechosa es la noción implícita en dicha propuesta de que hay una capacidad de producción ociosa que podría ponerse a buen uso si la propiedad intelectual no estuviera en el camino. En realidad, sólo un puñado de naciones cuentan con esta capacidad desarrollada y tratar de construirla en los países en desarrollo no debería ser una prioridad en este momento.
“La mayoría de los países no cuentan con la capacidad de cultivo de células o de líneas de envasado esterilizado y tratar de construirlas de cero no constituye un buen uso del tiempo, dinero y esfuerzo. Es como que Suiza decida ser autosuficiente en sushi”, señala el investigador farmacéutico y escritor científico Derek Lowe.
Las vacunas de Moderna y Pfizer se basan en mRNA, una nueva tecnología de inmunización que está haciendo su debut comercial en esta pandemia. “No hay capacidad manufacturera mRNA en el mundo”, afirma Stephane Bancel, el director ejecutivo de Moderna. “Se trata de una nueva tecnología. Uno no puede salir a contratar gente que sepa cómo hacer mRNA. Y aún si todas esas cosas estuvieran disponibles, quien quiera producir vacunas mRNA tendría que comprar la máquina e inventar los procesos de producción, verificación y análisis”.
Incluso si no hubiese propiedad intelectual, construir toda esta capacidad de la nada tomaría meses sino años, tiempo para el cual las alianzas existentes ya habrían alcanzado la meta.
Otros ingredientes e insumos escasean a nivel mundial, como las partículas de lípido y mezcladores para hacer las vacunas mRNA. Novavax está enfrentando escasez de ingredientes, como corteza de árbol chileno y bolsas de biorreactor, debido a que otros productores de vacunas están compitiendo por los mismos productos.
La falta de disponibilidad de insumos no tiene nada que ver con la propiedad intelectual, pero ciertamente se ha visto agravada por la restricción a las importaciones impuestas por varios países, incluyendo EU. Mientras la India se queja ante la OMC por la propiedad intelectual, su agencia reguladora no aprueba aún la vacuna de Pfizer para uso interno. Todo un disparate.
Anular la propiedad intelectual sería un retroceso y desincentivaría a las empresas a hacer los ajustes necesarios para combatir las nuevas cepas del COVID. Además, descarrilaría decenas de acuerdos de otorgamiento de licencias para la producción de vacunas, lo cual generaría caos en las cadenas de producción globales y pondría en riesgo los miles de millones de dólares que se están invirtiendo para crear o ampliar capacidad manufacturera.
Con el precedente que se establezca en la OMC, pocas compañías querrán invertir en nuevas vacunas cuando llegue la próxima pandemia. Sin el sector privado, el mundo tendría que depender de los laboratorios gubernamentales para investigar y producir masivamente en cronogramas muy ajustados. Es un escenario tenebroso.
POR PHILLIP STEVENS
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA GENEVA NETWORK EN LONDES
dza