La polémica es natural en la vida pública. Incluso, es parte de la evolución. Con la dialéctica que metodológicamente se nos plantea con claridad desde Hegel, pero, además, ya en la Grecia clásica con Sócrates y su mayéutica sabemos que preguntarnos y confrontar ideas es propio de la ciencia de cualquier signo. Cuando se trata de grandes problemas mundiales y nacionales, como es la marginación y desprotección, la pasión es de alto nivel, máxime ante el fracaso elemental de los modelos ensayados durante las últimas décadas. La desesperación ante los fallos y desaciertos nos puede llevar a la descalificación radical y rotunda de los instrumentos del Estado Contemporáneo.
Es normal ante la crisis permanente que todo lo cual se critique y todo debe, racionalmente, someterse a revisión. Incluyendo, claro, el sistema jurídico de cada nación. Lo que es digno de reflexión es en el sentido de que un sistema legal adecuado y que genere distribución equitativa de la riqueza y productividad permanente es fundamental, es indispensable pero la negación de todo tipo de Estado de Derecho afectaría en la realidad fatal en el Desarrollo Social sostenible.
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Salario justo; estímulos a la producción; régimen fiscal equitativo; combate a la pobreza extrema; educación efectiva; combate a la corrupción e impunidad son piezas claves que deben ser y estar fortalecidas en nuestro sistema jurídico, pero no desentenderse de éste. El Desarrollo necesita del Derecho. Cultura de la legalidad y eficacia.
Todo lo anterior al propósito de que la desesperación derivada de la injusticia y marginación de los más pobres nos hace descalificar al propio orden jurídico de cualquier signo y tendencia.
Debemos reconocer que lo anterior se fortalece debido a que, en el gremio de los abogados, en muy diversas ocasiones se observa desde hace muy distintas décadas un ánimo y actitud conservadora que, generalmente, genera la imagen y la idea de que el gremio de los abogados son retardatarios del progreso entendido éste como la lucha en pos de la justicia social. Nada más negativo ni nada más incorrecto. Nuestro régimen constitucional parte del Estado Social de Derecho. México dio una muestra al mundo desde hace más de un siglo en el sentido de que es factible y necesario romper con moldes clásicos si se trata de colmar los ideales de justicia social y luchar por los más pobres. Los auténticos abogados del progreso deben ser pieza fundamental en esta lucha indispensable. Los abogados hoy más que nunca deben ser los abanderados de la justicia social. Es lo deseable y lo necesario para nuestro gremio y para todos.
POR ENRIQUE QUIROZ ACOSTA
ABOGADO Y COLABORADOR
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