En el año 2004, algunas empresas refresqueras lograron ante el Poder Judicial, obtener diversos amparos contra los cupos establecidos y las restricciones dictadas por la Secretaría de Economía para la importación de azúcar y fructuosa, con lo que dañaron gravemente a la industria azucarera nacional. Si bien, importar mercancía amparada no es ilegal, sí es éticamente incorrecto, pues se actúa en contra de los intereses nacionales, se destruyen empleos, se ponen en riesgo las inversiones y se desequilibra la cadena de suministro.
En aquel entonces, los Agentes Aduanales confederados en CAAAREM, decidieron no hacer despachos aduaneros de esa mercancía amparada y trabajaron en un proyecto conjunto con las autoridades aduaneras y la Secretaría de Economía. Primero se inició con la fructuosa y posteriormente con vehículos usados, industria textil, confección y calzado, cuyos importadores también consiguieron amparos de jueces que no comprendían el daño que originaban. Esto llevó a la Confederación a un programa de concientización con el Poder Judicial que en su momento dio buenos frutos.
Desde que se dio la privatización de los ingenios azucareros en México en los años 90, el mercado azucarero ha enfrentado serios problemas que desequilibraron por completo el mercado. Las medidas comerciales impuestas por el gobierno mexicano previas y posteriores al TLCAN, fueron diseñadas para proteger el mercado azucarero nacional y el consumo de azúcar al interior del país.
México siempre se caracterizó por ser un país exportador de azúcar. Las exportaciones mexicanas del endulzante en la década de los 90 presentaron un alza importante, pero para el año 2000 se dio una sobreoferta a nivel mundial que derribó los precios y comenzó una fuerte competencia de fructosa importada o elaborada domésticamente, a partir de maíz amarillo subsidiado por Estados Unidos
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En ese contexto, la industria azucarera mexicana enfrentaba una de sus crisis más severas. La Secretaría de Economía puso un impuesto especial de 20% aplicado a los refrescos elaborados con jarabe de maíz de alta fructosa que resultó ser efectivo porque desmotivó su consumo aumentando el de azúcar mexicana y disminuyendo la importación de fructosa de Estados Unidos.
Este impuesto a la fructosa tuvo el efecto esperado al aumentar el consumo de azúcar, pero no se previó que disminuyeran los inventarios y se tuviese que importar azúcar para abastecer la demanda interna. Asimismo, sus efectos se extendieron al sector productor de maíz amarillo, insumo para la elaboración de jarabe de alta fructosa y jarabe de maíz. Y en todo este ir y venir comenzaron a llover los amparos para importar azúcar y fructuosa.
17 años después, la Administración General de Aduanas que lidera Horacio Duarte Olivares, anunció el refuerzo a la investigación, la fiscalización previa y las revisiones en el despacho aduanero para combatir el contrabando técnico de azúcar y detectar oportunamente la documentación falsa o alterada utilizada para intentar evadir el pago de contribuciones.
El contrabando técnico es el que utiliza documentos apócrifos o etiquetas alteradas, rutas trianguladas para tratar de engañar a la autoridad aduanera del origen de la mercancía o su valor real para pagar menos impuestos a aprovechar una tasa arancelaria preferencial.
El boletín de prensa que emitió el SAT, señala que en el 2020 la importación de azúcar generó un ingreso de 21 millones de pesos, mientras que la cifra de enero de 2021 fue de más de 4 millones de pesos. Sin embargo, se estima que la evasión de impuestos por la importación de este producto es de 250 millones de pesos al año.
Por ello, en el marco de la Mesa de Combate a la Ilegalidad (MCI), en la que participa CAAAREM, y los Programas de Control Aduanero y Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía, trabajan de manera coordinada con las cámaras empresariales e industriales para erradicar prácticas ilegales de comercio exterior que dañan la economía del país, al sector primario y a la industria.
Por lo que, la Administración General de Aduanas reitera que cualquier importación que se pretenda efectuar sin el pago de aranceles, tendrá tanto sanciones administrativas como penales para quien resulte responsable.
Asimismo, continúa el boletín, se informa a los usuarios de comercio exterior que la importación de azúcar a territorio nacional clasificada en la partida 1701 de la LIGIE, se encuentra sujeta al pago del impuesto general de importación, pues de acuerdo con la Secretaría de Economía, no existe un cupo vigente que permita su importación al amparo de los Tratados o Acuerdos de Libre Comercio suscritos por México. Enfatizó que esto incluye el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
De esta manera, en coordinación con la Mesa de Combate a la Ilegalidad, Aduanas refuerza su compromiso para terminar con el fraude fiscal y aumentar la recaudación.
POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA A.
AGENTE ADUANAL, EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR.
@IGNAQUIZ
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