Gustavo Díaz Sánchez, diputado del PRI en el Congreso de Oaxaca, detenido el pasado 4 de noviembre en Veracruz, junto con su hijo José Alberto Díaz y otro acompañante.
Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, detenido el 7 de abril de 2021, dentro de su negocio de autopartes.
Rogelio Franco Castán, diputado federal del PRD, detenido el 13 de marzo de este 2021. Rindió protesta desde su celda en el penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes.
Marco Antonio San Martín Lara, director de la Policía Municipal de Tihuatlán, detenido en septiembre.
Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz, detenido el 17 de marzo de este año durante una manifestación frente a la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
Son sólo cinco de las decenas de personas sobre las que el gobierno de Cuitláhuac García ha fincado el delito de ultrajes a la autoridad, penado en Veracruz hasta con siete años de prisión desde marzo pasado, cuando entró en vigor la reforma, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local, al artículo 331 del Código Penal, para endurecer las sanciones por “agravios” o “amenazas” a la autoridad.
En los hechos, de acuerdo con diversas ONG veracruzanas, esa modificación ha servido al gobernador para encarcelar a opositores, críticos de su administración y ciudadanos inocentes, como seis jóvenes recluidos en el penal de Pacho Viejo, cuya defensa ha asumido el mismísimo líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
Reportes de la organización civil Resistencia Ciudadana Xalapeña indican que en sólo dos meses 150 personas fueron aprehendidas bajo el mismo cargo, declarado inconstitucional por la Suprema Corte desde 2016, pero revivido por el gobernador veracruzano. No sólo eso, la iniciativa del morenista incluyó convertir a ese estado en la entidad del país que sanciona con más años de cárcel el “ultraje a la autoridad”.
Y aplica hasta por levantarle la voz a los policías del estado, quienes se pueden y se dan el lujo de incurrir en violaciones a derechos humanos de ciudadanos, sobre todo si son opositores al gobernador García, quien se mandó a hacer esta macana a la medida.
Justo como Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua que mantiene presos a unos 160 opositores y es ensalzado por el ala morenista que apoya a Cuitláhuac.
•••
EN EL VISOR: También se perfila una consulta de revocación de mandato para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidido por Patricia Avendaño Durán, pidió 155 millones 398 mil 414 pesos de presupuesto sólo para la eventual organización de ese ejercicio, para el cual ni siquiera hay una propuesta de pregunta.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@R_SANCHEZP
Sigue leyendo:
Tres teorías sobre Arturo Herrera
Reforma Eléctrica, a disputa desde las calles
CAR