La presentación reciente del Programa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) del gobierno federal nos trae una buena y una mala noticia. La primera es que no se concretó la desaparición del organismo, y la promulgación de este programa parece confirmarlo. La mala, es que justo a la mitad de esta administración, estamos ante el problema de la deficiente calidad de las instalaciones escolares de nuestro país.
En la campaña electoral de 2018 hubo un compromiso genérico para mejorar las condiciones materiales de las escuelas, y en el programa sectorial de educación se reconoció la grave situación, al identificar que un tercio de las escuelas presentaban problemas estructurales agudizados por falta de mantenimiento. Más de la mitad de los planteles rebasa los 30 años de antigüedad.
Pero el programa plantea algo preocupante al indicar que se cuenta “con información poco confiable” sobre el estado de la infraestructura educativa. Aún más, señala que no se sabe con exactitud cuántos inmuebles educativos existen en el país.
Es clave conocer el grado de deterioro de las escuelas, especialmente después de haber estado más de año y medio abandonadas.
Contar con un diagnóstico preciso, sin embargo, parece ya algo difícil de alcanzar por esta administración.
En 2013, se realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) pero sólo pudo proporcionar información de 152 mil planteles porque que fue boicoteado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
La SEP ha reportado que antes de la pandemia 28.3 por ciento de las escuelas primarias y secundarias no contaban con acceso a agua potable, para 2020 parece haber disminuido 25 por ciento. Algo similar se reporta en el caso de las escuelas con conexión eléctrica, 13.3 por ciento, y para 2020 sólo 10.4 por ciento. En el caso de los ajustes en infraestructura para el acceso de personas con discapacidad se vislumbra un retroceso pues se informa su ausencia en 23.3 por ciento de las escuelas públicas antes de la pandemia y para 2020 en 23.4 por ciento.
Sin embargo, los ciudadanos no contamos con mecanismos para verificar la veracidad de los datos.
La absurda decisión presidencial de desaparecer al Inifed nos hizo perder tres valiosos años. Aunque hoy, al igual que hace siete años, el instituto plantea mantener y actualizar sus sistemas de información, vemos dificultades para lograrlo, ya que no cuenta con recursos suficientes para ello. En años anteriores, sus actividades eran acompañadas con recursos del Programa Mejores Escuelas y luego Escuelas Dignas. Hoy el programa La Escuela es Nuestra es operado por la Secretaría de Bienestar y rechaza la intervención del Inifed.
Es imposible pensar en actualizar el censo educativo de 2013, como estaba planteado. No podemos conformarnos con navegar sin brújula ni rendición de cuentas y que ésta quedé como una presentación de Power Point de una conferencia matutina en Palacio Nacional. Es el derecho de las niñas, niños y jóvenes contar con escuelas adecuadas.
POR FERNANDO RUIZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO
@FRUIZ_RUIZ
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