Tal vez —sólo tal vez— fue por el puente del Día de Muertos que el 2 de noviembre pasó inadvertida en México la conmemoración del Día para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Pero todos sabemos que no es así. Con o sin días “festivos”, la falta de respuesta frente a las agresiones contra quienes ejercemos esta profesión es uno de los temas que permanece debajo de la alfombra.
Aunque hay grupos y organizaciones que hacen todo para visibilizar este lamentable fenómeno, pocos, o casi ningún sector del gobierno, ni los ve ni los oye. No es una apreciación, ni una suposición. Es una realidad.
En el primer semestre de 2021, la organización Artículo 19 documentó 362 agresiones entre las y los profesionistas que cubren temas relacionados con política, corrupción, seguridad y justicia, y derechos humanos.
Pero por si eso resulta poco, de los casos registrados en los últimos tres años, 90 por ciento no están resueltos. Los responsables, autores de asesinatos, desapariciones y agresiones viven en la impunidad.
Lo reconocen Gobernación y la Presidencia; sin embargo, la pura aceptación no frena la evolución del problema.
De acuerdo con un balance que hizo la Alianza de Medios Mx, de la cual forma parte El Heraldo de México, suman 49 los comunicadores asesinados en lo que va de la presente administración. Sólo hay sentencia en cinco casos. Con ocho “incidentes”, Sonora encabeza la lista con más periodistas ultimados en el país, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, seguido por Guerrero, con seis; Veracruz, cinco; Michoacán, cuatro; Estado de México, tres, y Oaxaca, tres.
“La realidad en México es espantosa en términos de crímenes contra la prensa”, sentenció el representante en México del Comité de Protección de Periodistas, Jan Albert-Hootsen. Y esa realidad la reconocen en la 4T. Lo malo es que no saben cómo resolverla, a pesar de que tienen los recursos legales, jurídicos, políticos y económicos para hacerlo. Ni qué decir de los funcionarios encargados de atender el tema. Ni un mensaje de solidaridad con los periodistas desaparecidos y sus familias.
Es muy probable que el fiscal General estuviera atendiendo asuntos más relevantes, igual que Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión; Juan Carlos Chávez, director general; y Nahum Pedro Zarate, director adjunto, o Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador del mecanismo para “proteger” a periodistas de la Segob.
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FUEGO AMIGO. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, fue uno de los panistas que salió a echar en cara a Marko Cortés sus declaraciones sobre una derrota adelantada en las elecciones de 2022. El mandatario panista, me dice un dirigente del blanquiazul, tiene razones suficientes para estar enojado. Teme que desde el CEN le quieran imponer a la diputada Tere Jiménez como candidata del PAN a la gubernatura de su estado. Ella fue alcaldesa de la capital y, a pesar de ser panista, toda su gestión estuvo peleada con Orozco.
El otro candidato podría ser el senador Toño Martín del Campo. Y en ambos casos dejarían de lado al mandatario. Esa es la razón por la que incluso atribuyen a Orozco la filtración del audio contra Cortés, dejando ver que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.
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DIAMANTE NEGRO. El actor y empresario Roberto Palazuelos anda muy activo en el ámbito de la política. En días recientes estuvo en la CDMX buscando acercamientos con diversos actores de la vida política. Se reunió con el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, para explorar la posibilidad de contender por la gubernatura de Quintana Roo en 2022, como abanderado del PRI, PAN y PRD.
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Y como dice el filósofo... Nomeacuerdo: “¡Contra la injusticia y la impunidad!, ni perdón ni olvido”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
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