En estas semanas, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se ha visto envuelto en una polémica anclada en una narrativa con muchos elementos que llaman a confusión.
De entrada, hay que partir de que el CIDE es una empresa paraestatal constituida como Asociación Civil con una mayoría preconfigurada por el gobierno federal.
Es, pues, un Centro Público de Investigación adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Por lo anterior, ante los trascendidos conviene precisar que:
a) El CIDE no puede recuperar autonomía alguna porque nunca la ha tenido;
b) El director general del CIDE es designado por el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, escuchando a un Comité de Auscultación Externo designado por el propio Conacyt (artículo 30 del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.);
c) El director general del CIDE tiene atribuciones para nombrar, con ratificación del Consejo Directivo, a los secretarios académicos y de vinculación y removerlos libremente (Artículo 33, fracción XX), así como a los directores de división y a los servidores públicos de esa entidad (artículo 33, fracciones XXI y XXIV).
Se trata de facultades discrecionales sujetas a que estén fundadas y motivadas.
Estas disposiciones vigentes no son de nueva data, fueron aprobadas originalmente en 1974, de cuya fecha ha sido una entidad de la Administración Pública Paraestatal.
De esta suerte, las reivindicaciones que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas plantean sobre los rubros anteriores están fuera de todo tipo de negociación, so pena de incurrir en responsabilidad en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Hay, empero, otros temas que sí son posibles y deseable que se atiendan, tales como el mantenimiento de las becas de los estudiantes, la inclusión de la gratuidad de las colegiaturas, el apoyo a la infraestructura y a la generación de las mejores condiciones dentro de las posibilidades presupuestales del Conacyt.
Es lamentable que juristas del propio CIDE (quienes conocen de primera mano la naturaleza jurídica de este centro) coadyuven a que se genere una cortina de humo reclamando reivindicaciones al margen de la ley.
Ni duda cabe que el CIDE puede transitar a un organismo de nueva factura, pero se han equivocado de ventanilla.
Es al Congreso de la Unión a quien deberían dirigir sus anhelos, no al Conacyt, que está impedido legalmente de ofrecer una respuesta favorable.
Lo importante debe ser la preservación del CIDE con su alto rigor académico, y no tomar partido a favor de intereses y agendas personales que, a río revuelto, aparecen mediáticamente como simbiosis y, por ende, son inversamente proporcionales a los legítimos reclamos de que el Centro de Investigación y Docencia Económicas siga manteniendo su reconocido lugar como centro de excelencia académica, distinción que nadie, en su sano juicio, podría estar en contra.
POR ERNESTO VILLANUEVA
COLABORADOR
@EVILLANUEVAMX
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