Muchos de ustedes se preguntarán en que terminó la historia de mi buena amiga y colega María, y su decepcionante interacción con las autoridades. En ese sentido, me abocaré a destacar varios puntos que considero serían de gran relevancia para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, en el contexto de un entramado institucional que no garantiza justicia pronta y expedita.
Primero, María fue presionada indebidamente para que su vehículo fuera trasladado al corralón haciendo uso de una grúa privada. Al respecto, destaca la irregularidad de lo ocurrido, ya que el Gobierno de la Ciudad habría de estar en condiciones de proporcionar una grúa pública al servicio de los particulares para poder trasladar al corralón los vehículos involucrados en algún siniestro.
Segundo, el estado de ebriedad de Ricardo fue determinado bajo criterios subjetivos y a simple apreciación del médico legista. Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, está prohibido manejar con una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 g por litro o en aire expirado superior a 0.4 mg por litro. ¿Y dónde quedó la prueba de Ricardo? La acreditación del estado de ebriedad no debería de ser un hecho sujeto a la opinión de persona alguna, simplemente es o no es, bajo criterios técnicos y médicos.
En tercer término, destaca que Ricardo ni siquiera fue acreedor a un arresto administrativo de 20 a 36 horas, o en su caso, a 6 puntos de penalización aplicables a su licencia de conducir en los términos del Reglamento anteriormente mencionado. Pareciera que el actuar de la autoridad siempre estuvo alineado a sus intereses, en estricta manipulación de la aplicación de las normas que en teoría están diseñadas para generar certidumbre jurídica en la protección del ciudadano en situaciones de conflicto y de peligro.
En cambio, paradójicamente, durante 26 horas ininterrumpidas, las instituciones nunca velaron por la salvaguarda de los derechos de María. En todo momento el camino estuvo allanado por oficiales, médicos, peritos y juzgadores, quienes decidieron darle la espalda a la constitución, la ley y el sentido común en su labor como funcionarios al servicio de la sociedad y el bien común.
¿En qué terminó la historia de María? Simple y llanamente, a las 11:30 p.m. del día siguiente, y después de un sinnúmero de arbitrariedades, se concluyó que no era posible determinar al responsable del siniestro y que, por tanto, cada uno de los implicados debería asumir los costos derivados de su golpe y la mitad de los daños ocasionados a la Nación. El resultado: dos pérdidas totales y $60,000 frescos en la ventanilla del erario.
La única buena noticia del día fue que las lesiones de María no resultaron graves. Sin embargo, no todos los mexicanos que se ven involucrados a diario en situaciones similares pueden presumir de lo mismo. Según la OPS, 24 mil mexicanos mueren cada año a causa de accidentes automovilísticos de este tipo, métrica que nos posiciona como el séptimo lugar en el mundo.
Sirva la presente recapitulación para hacer conciencia en torno a la realidad que nos aqueja en varios horizontes del espacio público, en donde el incumplimiento de la ley, la corrupción y la desidia en el ejercicio del poder se traducen en la vulneración de los derechos más fundamentales del ciudadano.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
CAR