Reza un dicho bien conocido en la cultura mexicana que trabajo bien realizado no acepta reclamaciones, pero en el caso de Santiago Nieto, pareciera que dicho enunciado no aplica. Y es que, a lo largo de su notoria carrera como servidor público, este personaje ha guiado a sus diferentes áreas de trabajo hacia el éxito y la notoriedad con relación a los resultados que han llegado a obtener. Ese quizás ha sido su peor pecado, hacer bien las cosas.
Es conveniente, por lo tanto, ahondar más en el tema. En el sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto, el funcionario dejó la titularidad de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), tras ser despedido por “transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR)”.
El caso explotó cuando Nieto declaró al periódico Reforma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo había presionado para que declarara que era inocente en el caso donde se investigaba el presunto uso de sobornos provenientes de la compañía brasileña Odebrecht, en la campaña presidencial del presidente Enrique Peña Nieto en 2012.
El resultado de tales investigaciones aún no ven su fin, pero en la actualidad, Lozoya esta detrás de las rejas. Esta buena racha tuvo su origen desde que asumió el control de la Fepade en 2015, cuando obtuvo resultados eficientes, más allá de este caso. Durante sus primeros tres años de trabajo en la dependencia, investigó a los exgobernadores de Veracruz y de Chihuahua, Javier y César Duarte, así como a Arturo Escobar, un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación. Como resultado de todo ello, en octubre de 2017, el encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR),
Alberto Elías Beltrán, exigió a Santiago Nieto la renuncia a su cargo por haber transgredido las normas de conducta en esa instancia. Al parecer, sus buenas actuaciones estaban trastocando los intereses enquistados en muchas de las elites de las instituciones del gobierno federal que trabajaban en favor de otro tipo de intereses ajenos al bienestar público.
Aunado a ello como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, persiguió a los cárteles de la droga desde mediados del 2019, hasta hace unos días cuando fue destituido del cargo, o la renuncia le fue aceptada sin cuestionamientos, por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (pues aún no se sabe con exactitud cual fue le método).
Entre sus más notorias operaciones, estuvo la llamada “Agave Azul”, cuando la UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias de personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que representaba un entramado en el que habían participado mil 770 personas y 167 empresas, en once estados de la República, intentando lavar más de 11 mil millones de pesos producto de actividades ilícitas, ligadas al narcotráfico.
Lo mismo hizo con los negocios ilegales de Ismael Zambada García. La UIF congeló cuentas de las hermanas de este capo, de su pareja y otros asociados. Al momento de su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera, Nieto y su equipo, elaboraban una investigación sobre las redes financieras del cártel de los hermanos Arellano Félix.
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Y la lista también iba encaminada revisar el comportamiento de muchos de los negocios de muchos funcionarios de la 4T también. Lo que ha demostrado hasta ahora la salida de Santiago nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que muchos son los intereses que giran entorno a las investigaciones en temas económicos en este país, al igual que en muchos otros. Seria ilusorio pensar que el buen trabajo que había conducido, hasta ahora, entorno a la procedencia ilícita de muchas operaciones comerciales del narcotráfico y sus socios empresariales, no hayan influido en su destitución.
Pero también queda la duda de la verdadera voluntad que este gobierno tenga para combatir de manera frontal, la corrupción que exista en cada una de las instituciones del orden público, pues justo cuando Santiago Nieto estaba por evidenciar las operaciones ilícitas de muchos funcionarios de la actual administración su labor ha concluido. La pista número uno al respecto apuntaba hacia Pandora Papers. Una boda no vale la cabeza de un extraordinario funcionario público por más austeridad republicana que se pregone.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAAZ
