Todos, todos los ministros le volvieron la espalda al infame “regalazo” que malamente obsequió el Congreso de la Unión al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero fue sin duda el ministro Luis María Aguilar quien miró bien al fondo de esta historia en materia de justicia federal y respondió a los argumentos de sus principales instigadores: el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; y los legisladores.
“¡Nada de que es conveniente eludir la Constitución! ¡Nada de que ello ayuda a cierta intencionalidad política… y menos que es conveniente para la república! ¡Nada!
“Sólo respetando la Constitución habrá orden, habrá certeza, habrá seguridad de lo que a cada quién corresponde --que es la esencia del estado de derecho-, con lo que realmente se beneficiaría a la república”, alegó Aguilar sin necesidad de pronunciar los nombres de los aludidos.
En cambio otro nombre sí fue mencionado en la sesión: el del senador oaxaqueño del partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho, quien hace siete meses propuso (se prestó para ello) la triste adición del artículo décimo tercero transitorio que ampliaba por dos años el periodo del presidente actual de la Corte y de los consejeros de la Judicatura.
El análisis del tema inició con la impugnación al proceso legislativo, el desaseo y el desorden con que se incorporó el transitorio: prácticamente a hurtadillas, sin publicarse antes de la sesión del senado, sin dar tiempo para estudiar y discutir el tema; y lo ocurrido también en la Cámara de Diputados donde fue aprobado en comisiones cuatro minutos antes de ser sometido al pleno, sin justificar la urgencia de la dispensa de trámites.
El juego sucio y subrepticio, pues, a sabiendas de que se violaba la Constitución.
Se ha hablado en otros momentos de “fraude a la Constitución”, apuntaría la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ¿cómo calificamos esto?
Llegó el momento de entrar al fondo del asunto. Fue entonces que el ministro Aguilar señaló que si bien la supremacía constitucional (por violación directa al texto de los artículos 97 y 100) valía para declarar inconstitucional el 13° transitorio, el caso ameritaba un enfoque distinto.
Debe darse un estudio prioritario a la vulneración de los principios de Independencia Judicial y División de Poderes. Es la oportunidad para establecer un precedente en ese sentido, invitó. Y lanzó sin más:
El 13° transitorio implica “una intromisión indebida del Congreso de la Unión en el Poder Judicial de la Federación que pone en riesgo la imparcialidad e independencia de los órganos del poder judicial y arrebata la facultad de que sean los integrantes de esta Suprema Corte quien elija a su presidente, lo cual puede generar un clima de incertidumbre y de suspicacias en torno de la imparcialidad de esta importantísima función.
“Se corre el riesgo –añadió- de que los poderes del Estado claudiquen de su labor de los derechos humanos y de lealtad a la Constitución. La vulneración a la autonomía o independencia de los poderes judiciales implica una transgresión al principio de división de poderes…”
Para entonces, si alguien pensaba que la sesión sería descafeinada, hubo de respirar hondo y aguantar. Y Piña Hernández pondría su parte al son de que la misión de los tribunales constitucionales “no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución”.
Así, por unanimidad, el pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la llamada Ley Zaldívar.
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GEMAS: La nueva terna de AMLO para la Suprema Corte: Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés.
POR MARTHA ANAYA
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