Hoy, los mexicanos ya sabemos que la Reforma Energética de Peña Nieto no solo fue impulsada para favorecer a grandes empresas transnacionales como Odebrecht, sino que además fue aprobada a base de sobornos a legisladores del PAN y terminó estableciendo en el sector eléctrico un mecanismo de producción y acceso a la red de distribución claramente ventajoso para las empresas privadas, condenando a la CFE a participar en el mercado eléctrico en desventaja, encaminándola a un paulatino desmantelamiento.
La iniciativa constitucional presentada por el presidente López Obrador generó molestia en la oposición, en particular el PAN, tradicionalmente defensor de intereses de grandes empresas.
Ante la andanada de mentiras de la oposición, en la 4T sostenemos que la iniciativa presidencial es necesaria por las siguientes razones:
1. Se devuelve al Estado la rectoría de la industria eléctrica. Es falso que se imponga un monopolio de la CFE, los privados van a poder seguir produciendo e incluso se establece que la CFE les comprará energía eléctrica. Lo que se pretende es revertir el esquema actual en el que la electricidad producida por las empresas privadas tiene prioridad para acceder a la red de distribución, sin que tengan compromiso legal de vender la cantidad que ofrecieron y sin garantía de que la suministren con la frecuencia requerida para el abastecimiento continuo de los usuarios.
2. Se equilibra la competencia en el mercado y se garantizan precios más bajos. Los privados seguirán produciendo energía y la distribución corresponde a la CFE; esto no modifica el esquema actual de producción y suministro, lo que sí hace es equilibrar el acceso a la red de la energía producida por unos y otros; los privados venderán energía a la CFE, pero ahora tendrán que ofertar los mejores precios para que la CFE se las compre.
3. Se terminan los subsidios a empresas privadas, pues actualmente los privados tienen acceso prioritario a la red de distribución, pero el mantenimiento y reposición de cables y estaciones intermedias de almacenamiento quedan a cargo del Estado, es decir, estos costos se cargan al erario, por lo que funcionan como subsidios para los privados.
4. No se limita la inversión privada; como ya señalamos, se obliga a la CFE a comprarle a empresas privadas casi la mitad de la electricidad nacional.
5. La reforma tiene perspectiva ambiental, ya que el Estado utilizará de manera sustentable las fuentes de energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También establece que las industrias requeridas para la transición energética serán prioritarias y todo se normará a nivel constitucional.
La CFE avanza hacia la generación de energías limpias. En enero, el presidente López Obrador anunció que se modernizarán las 60 centrales hidroeléctricas y, con ello, podrán cumplir con los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París. La energía hidroeléctrica es una de las grandes apuestas de este gobierno y se seguirán comprando las energías limpias producidas por particulares.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO FEDERAL DEL PT
@BENJAMINROBLESM
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