La siempre enrevesada cuestión migratoria se ha convertido en una piedra de toque para el gobierno de Joe Biden, que enfrenta una complicada situación política, encerrada por sus promesas y las limitaciones que le impone la realidad y los tribunales.
El problema quedó ilustrado el sábado, cuando "decenas de defensores de la inmigración" abandonaron una reunión virtual con varios de los principales colaboradores de Biden como protesta por su decisión de continuar las políticas fronterizas promulgadas por el abiertamente antiinmigrante gobierno de Donald Trump.
Según una publicación en politico.com, antes de un encuentro virtual con los funcionarios, incluso Esther Olavarria del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, los activistas leyeron un comunicado en el que acusaban a la administración de "jugar a la política con vidas humanas" y anotaban que ya no podían "entrar a las conversaciones con buena conciencia".
La reunión y la posterior salida fueron motivadas por los planes de la administración para restablecer los Protocolos de Protección al Migrante, es decir la política de "Permanecer en nuestro país".
Para el gobierno de Biden, el problema inmediato es que un tribunal rechazó su intento inicial de acabar con la política de la era Trump y su anuncio de que restablecerá en noviembre la práctica de obligar a los presuntos migrantes a esperar sus audiencias de asilo en México.
La decisión judicial no sorprendió a nadie. Durante su gobierno, Trump se apresuró a llenar posiciones judiciales federales, de las más bajas, como los jueces de distrito, hasta las más altas, en la Suprema Corte, para asegurar una visión ideológica, si no partisana.
Trump nombró 226 jueces en cuatro años; de los cuales 54 en Cortes de Apelación y tres de nueve en la Suprema Corte. Por vía de comparación, su predecesor, Barack Obama, designó en sus ocho años a 320 magistrados, incluso 55 en las Cortes de Apelación.
Esto implica que grupos de activistas busquen asegurarse audiencias favorables al presentar sus demandas. Un grupo liberal plantearía sus demandas ante la Novena Corte de Circuito, en San Francisco, considerada como una de las más, si no la más liberal, del país.
Los grupos conservadores, especialmente los antiimigrantes o antiaborto, por su parte, suelen acudir a tribunales federales establecidos en Texas, con los juristas más conservadores. Así, no es ningún accidente que las demandas para sostener la política trumpista de "permanecer en México" hayan sido aprobadas por una corte de Texas y apoyadas el 21 de agosto pasado por la Suprema Corte de Justicia estadounidense, donde el ala conservadora tiene seis de los nueve jueces.
El gobierno de Biden apeló a las restricciones, pero está obligado a seguir la ley en vigencia.
No obstante, es probable que sea más fácil negociar con México y apoyar programas económicos y sociales en Centroamérica que cambiar la situación en EEUU.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
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