Los poderes del Estado, particularmente la Cámara de Diputados y el Senado deben atender una de las grandes tragedias de la justicia mexicana: el elevado número de personas presas sin sentencias en penales. Privadas de su libertad hay de todo: líderes de bandas del crimen organizado, culpables de asesinatos y acusados de actos de corrupción; así como mujeres y hombres que por pobreza e ignorancia no han llevado una defensa adecuada o no han contado con los recursos para comprar su libertad.
En este año, una madre logró colarse a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mujer preguntó por la situación de su hijo que llevaba 10 años preso. El presidente instruyó a su entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a revisar el caso; al día siguiente, la titular de Gobernación informó al Presidente que dicha persona carecía de una sentencia. Se tuvieron que hacer gestiones ante la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación para lograr que dicha persona saliera libre.
El aplomo de la madre y la actuación del Presidente se juntaron para que este hombre después de una década recuperara su libertad; sin embargo, fue una excepción. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 del INEGI, de la población privada de la libertad en los centros penitenciarios, 63 mil 726 personas se encuentran sin sentencia; en cambio, 116 mil 376 estaban sentenciadas. A las personas privadas de la libertad "sin sentencia" en los centros penitenciarios, 42.6 por ciento por ciento estuvo 12 meses o más en espera de una resolución.
En algunos lugares la situación llega a extremos inimaginables. En el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, siete de cada 10 presos no han recibido sentencia que determine su inocencia o culpabilidad. Esto de acuerdo con estadísticas del órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre los casos relevantes que todavía no han sido resueltos por un juez se encuentran los procesos que enfrentan José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero; José Antonio Yépez Ortiz El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima e Israel Vallarta preso sin sentencia desde 2005. Qué decir de Rosario Robles, procesada por la Estafa Maestra, pero presa por una argucia legal.
Puede pensarse “qué bueno que estos criminales están en la cárcel”, pero aún así deben ser sentenciados, no sólo recluidos.
La cárcel sin condena debe terminar. No puede permitirse que los procesos sean sepultados en toneladas de papel y burocracia. Las instituciones del Estado mexicano deben tener la capacidad de presentar a los acusados, juzgarlos y sentenciarlos; ser declarados culpables o inocentes, pero no mantenerlos en el limbo legal por años, en ocasiones más tiempo que el lapso de su condena. La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO
@ONELORTIZ
MAAZ
