Reactivó la cuatroté la “guerra” contra el crimen organizado, no por voluntad propia, sino orillado por la exigencia de Estados Unidos, formalizada por el secretario de Estado, Antony Blinken, en la cumbre de Alton Nivel del pasado 8 de octubre.
La respuesta mexicana llegó dos días después: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó de un operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado como el segundo grupo delictivo más peligroso del país.
“Tenemos 2 mil 80 elementos del Ejército, 152 elementos de la Guardia Nacional y seis helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana trabajando en toda esta área. Con las acciones que se están desarrollando se logró que uno de los grupos delictivos del Cártel Jalisco hiciera un retroceso hacia los límites con Jalisco.
“También se logró tener presencia militar en las poblaciones de Los Horcones, Teloloapan y Colomotitán. Fue importante tener presencia militar en estas áreas para obligar a los grupos delictivos a retirarse de ese terreno”, explicó el General.
Es la primera vez que el gobierno de Andrés López Obrador presume en medios un operativo de ese calado y, sobre todo, contra ese grupo criminal, por cuyos líderes ofrece Estados Unidos una recompensa de 5 millones de dólares.
No fue un hecho aislado. Es parte del llamado Plan de Apoyo a Michoacán, diseñado específicamente para frenar la violencia causada por los cárteles de la droga en ese estado que, paradójicamente, es el mismo que eligió Felipe Calderón para lanzar su guerra contra el crimen organizado, el 10 de diciembre de 2010, con saldo de más de 47 mil muertes en su sexenio.
De lado estadounidense ese plan es conocido como Código Negro, y su objetivo es desmantelar a ese cártel que opera principalmente en Jalisco, Michoacán y Nayarit. Para ello, se contempla el despliegue de cuatro mil 402 soldados; cuatro mil 990 agentes de la Guardia Nacional, y siete mil 500 policías estatales.
Además, la Marina mantiene en esa zona a mil 997 elementos y se hizo del control del puerto de Lázaro Cárdenas, a donde enviarán 400 marinos más de aquí a febrero del próximo año.
Todo coordinado con la administración de Joe Biden, que de esa forma reactiva su política de seguridad transfronteriza enfocada al combate al tráfico de drogas, relegado durante la gestión de Donald Trump.
“Tenemos una responsabilidad juntos (México y EU) para confrontar la violencia, al crimen, a los narcotraficantes”, dijo el embajador Ken Salazar a los periodistas de El Heraldo de México José Carreño Figueras y Javier Solórzano, en la entrevista que se publicó ayer.
De ahí también el interés del Tío Sam para que sus agentes de la DEA vuelvan a operar en territorio mexicano.
En pocas palabras, se acabaron los abrazos.
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EN EL VISOR: De los creadores de los superdelegados, llegan ahora los supragobernadores: por gracia del presidente López Obrador, los mandatarios estatales también se encargarán de la operación de los programas sociales de la cuatroté. El primero en ser ungido fue el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla; siguen el sonorense Alfonso Durazo y la tlaxcalteca Lorena Cuéllar. Se irán sumando más, pero sólo si son de Morena o afines.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
RAYMUNDO.SANCHEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@R_SANCHEZP
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