Por enésima vez, este gobierno invoca fantasmas nacionalistas del siglo pasado, acompañados de una respectiva dosis de medias verdades y otras cuantas mentiras flagrantes, esta vez para promover su mal llamada Reforma Energética.
De nuevo se recurre a la criminalización de la Iniciativa Privada, a la corrupción neoliberal y se idealiza un pasado que nunca existió, para justificar lo que podría significar un retroceso de 40 años en el país.
Ya he escrito anteriormente que la “Soberanía Nacional” significa mucho más que las siglas de una empresa productiva del Estado. Se trata más bien de garantizar a todos los mexicanos la posibilidad de crecer y disfrutar —por igual— el acceso a mejores servicios públicos, con total libertad: si una empresa del Estado no puede garantizar eso, entonces no se trata de “Soberanía”, sino de “Simulación”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que el modelo neoliberal tiene la intención de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad hasta desaparecerla. Se le olvida mencionar que antes de la Reforma Energética de 2013, la CFE se encontraba con pérdidas millonarias y sin poder invertir en infraestructura moderna para la generación y distribución de energía.
Permitir la entrada a los inversionistas privados trajo al Sector Eléctrico recursos adicionales por más de 450 mil millones de pesos, alivió la presión de las finanzas públicas y transfirió el riesgo de inversión a las compañías eléctricas, ya no a los contribuyentes.
Además, abarató los costos de producción de energía, ya que esto se hizo desde centrales eléctricas más modernas y eficientes. Si la CFE hubiera seguido por el rumbo que tenía antes de 2013, pagaría 63 por ciento más por la energía eléctrica que hoy, en cambio, obtiene a través de productores privados.
López Obrador miente al decir que las centrales hidroeléctricas de CFE son suficientes para satisfacer las demandas de los usuarios, en realidad sólo representan 10% de la capacidad de producción total de energía. Incluso adquirir electricidad de sus propias centrales de ciclo combinado es más costoso que comprarla a generadores independientes.
Con la iniciativa de López Obrador, que busca adquirir energía más cara y contaminante sólo deja dos opciones: incrementar el costo a los usuarios o recurrir a subsidios. Ninguna opción es buena.
Por otro lado, la contrarreforma energética no brinda en realidad ninguna garantía contra la corrupción; en cierto sentido la fomenta, pues la falta de transparencia abre la oportunidad para el otorgamiento de contratos a los amigos cercanos del gobierno. Algo así como los negocios a los que el hijo de Manuel Bartlett tuvo acceso en el IMSS durante la pandemia.
El gobierno mexicano debería apostar por fortalecer a los organismos reguladores y árbitros independientes. Volver a un monopolio energético es ir en contrasentido al mundo moderno.
La corrupción debe combatirse siempre por cualquier partido en el gobierno. Para eso no es necesario cambiar la Constitución y retroceder a un momento idealizado en la historia de nuestro sistema eléctrico nacional. Se tienen que aplicar las leyes que ya existen en el presente.
En su momento, el PRI asumió el costo político de la Reforma Energética en 2013, no por su naturaleza misma, sino por una pésima estrategia de comunicación con la ciudadanía que generó vacío y descontento; el cual fue capitalizado por Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente él y su partido son los que podrían pagar un costo altísimo, pero este no sería sólo político, sino económico y social. Un error de proporciones colosales que va mucho más allá de este sexenio.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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