Con mayor razón que ningún otro país debemos asegurar las dosis suficientes de antídoto para vacunar a casi 130 millones de habitantes. No hacerlo sería una negligencia histórica que se sumaría a otras variables que han evidenciado insuficiencias de la estrategia para la prevención de la epidemia.
Los indicadores más recientes ubican a México como el país con mayor letalidad por Covid-19 (por citar Universidad Johns Hopkins y The British Medical Journal (“T BMJ”). No se trata de generar un debate de cifras, tampoco se pueden ignorar los extrañamientos que la OMS ha hecho al Estado mexicano por incumplir las indicaciones generales.
Es lamentable que estimaciones científicas señalen que en México de cada 100 infectados por el virus mueren casi nueve, y que somos el país en el que más integrantes del personal médico han fallecido por esa causa (aproximadamente dos mil).
La vacuna es resultado de las gestiones del canciller mexicano, y revela su capacidad de operación internacional; aunque, a lo visto, han llegado aún pocas dosis para el número que se requieren. Contar con los millones de dosis que aseguren la cobertura universal de una población de esas dimensiones es un asunto de respeto y satisfacción del derecho fundamental a la vida y a la atención médica oportuna y veraz, en el que debe participar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para vigilar su verificación.
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Es cuestión de vida o muerte y, por otro lado, sólo alcanzando la “inmunidad de rebaño” podremos conseguir que regrese la actividad económica de la que vivimos en un país de servicios, turismo y comercio. También eso es una cuestión de derechos humanos, de los derechos de contenido económico y social.
Fue muy acertado ofrecer que se permitirá que el sector privado conseguir la vacuna directamente con los laboratorios internacionales, para suministrarla a quienes puedan pagar su precio razonable conforme al mercado. Así se asegura la equidad para que el sector oficial garantice la vacunación gratuita de la mayor parte de la gente, del pueblo bueno y sabio.
Sin embargo, lo más apremiante será la administración, transportación, y aplicación de la vacuna, asunto que exige el diseño de una estrategia calculada en la demografía nacional, cronograma con rutas y tiempos, personal público involucrado y, sobre todo, una enorme brigada de voluntarios.
Es probable que el gobierno y la sociedad hemos quedado cortos frente al severo problema, cada cuál de una manera distinta, porque el gobierno es el responsable de proteger a la población y de proveer los medios indispensables y generar las políticas públicas adecuadas para que el sector privado participe y aporte energías humanas y materiales.
En todos los países democráticos el gobierno ha puesto el ejemplo de cómo enfrentar el tremendo episodio, es cuestión de vida o muerte. Si no hubo la adecuada prevención, que no falte la efectiva y equitativa vacunación universal.
Francisco Javier Acuña
Analista y catedrático de la UNAM
@F_JAVIER_ACUNA