A mediados de 2019, la Organización Internacional del Trabajo declaró que este 2021, que apenas comienza, sería el “Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil”; dedicado a acelerar las acciones que se llevan a cabo —en todo el mundo— para eliminar la vergonzosa realidad que padecen millones de niños. Con la irrupción de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y sus graves consecuencias económicas, hemos llegado a dicha cita frente a un escenario aún más adverso del que inicialmente se había planteado.
El trabajo infantil es un fenómeno que vulnera el derecho de nuestra niñez de jugar y aprender. Pone en riesgo su desarrollo integral, al exponerlos a ambientes laborales no aptos para su edad y que, en muchas ocasiones, no cuentan con infraestructura de seguridad suficiente. Como consecuencia, se pone en riesgo no únicamente su presente, sino que compromete sus oportunidades de desarrollo para el futuro.
La problemática del trabajo infantil es compleja y multidimensional por lo que requiere de una respuesta integral. Según estimaciones de la UNICEF, existen 3.2 millones de trabajadores infantiles, de los cuales 2 millones realizan trabajos no permitidos como labores domésticas en condiciones no adecuadas, 1.2 millones llevan a cabo trabajo clasificado como peligroso o con exposición a riesgos y alrededor de 600 mil son menores de 15 años.
La solución debe partir de generar oportunidades laborales bien remuneradas para los padres y madres, para que su ingreso sea suficiente y puedan cubrir todas las necesidades de la familia. Aunado a ello, se debe fortalecer el esquema de seguridad y protección social, para que millones de familias en nuestro país cuenten con un colchón que los respalde ante cualquier eventualidad. Bajo el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país se encuentra en esa ruta.
Los programa sociales como Producción para el Bienestar, Crédito Ganadero a la Palabra, Tandas para el Bienestar, Sembrando Vida; así como becas para los estudiantes y pensiones para los adultos mayores han ido cada vez abarcando a mayor número de personas, hoy finalmente están consagrados en nuestra Constitución como un derecho universal.
En este 2021, dichos esfuerzos gubernamentales deberán ir acompañados de estrategias que partan desde el sistema tripartita. En la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) nos hemos puesto como objetivo redoblar el número de visitas en los centros de trabajo, para asegurar que ningún menor de edad se encuentre laborando en ellos. Así mismo, estamos listos para la discusión sobre el tema del outsourcing, para lograr una regulación que respete todos los derechos de la clase trabajadora y por consiguiente, sus hijos estén mejor protegidos.
Es deber de todos como ciudadanos sumar para defender a nuestras niñas y niños para que puedan soñar, aprender y reír. Su futuro depende de ello, y hoy se encuentra en nuestras manos.
POR PEDRO HACES BARBA
SECRETARIO GENERAL DE LA CATEM