En el PRD estamos convencidas que es necesario pasar de la protesta a la acción, por eso, a lo largo de este año hicimos un análisis y estudio comparativo de los 32 Códigos Penales por entidad federativa respecto del feminicidio y el feminicidio en grado de tentativa.
Lo que encontramos nos permite entender los vacíos que se tienen, así como la necesidad de armonizar los Códigos Penales estatales, no sólo en los años de prisión, sino también las penas económicas que se le imponen a un agresor.
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El estudio nos reveló que en materia de feminicidio los Códigos Penales estatales no regulan el delito en grado de tentativa, prácticamente en todo el país, tampoco existen penas homogéneas, algunos Códigos ni siquiera lo consideran como delito, no están armonizados con las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los estados y, por si fuera poco, carecen de un lenguaje incluyente y perspectiva de género.
Resulta increíble que estos Códigos Penales estatales, carezcan del criterio de juzgar con perspectiva de género que debe considerarse como una política pública, ya que un Estado que se precie de ser democrático, debe aplicar esta perspectiva en todos los espacios de decisión y gobierno, el legislativo, judicial y ejecutivo.
Observamos que no todos los ordenamientos analizados, cuentan con medidas de reparación integral del daño en materia de violencia contra las mujeres, lo que es otro de los elementos que se propone armonizar. Se trata de un acto de justicia y respeto a los derechos humanos para las familias de las víctimas de feminicidio, sobre todo para las niñas y los niños que quedan en estado de indefensión al encontrarse en orfandad.
De acuerdo con el análisis que se hizo, se encontró que, en el colmo de las incongruencias jurídicas, Chihuahua no tiene considerado al feminicidio como tal, sino como homicidio, razón por la cual ahí hay que incorporar el tipo penal de manera urgente. Los estados de Nuevo León y Guanajuato consideran en sus Códigos Penales la tentativa de feminicidio y apenas Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Estado de México y Veracruz, tienen como pena máxima para un feminicida 70 años de prisión, el resto tienen entre 50 y 60 años, lo que refleja la necesidad de aumentarlas. El análisis comparativo, tiene como propósito contar con un Código Penal Único que se convierta en una herramienta que prevenga, atienda y erradique el feminicidio, evite la contradicción de las normas jurídicas, potenciando la certeza jurídica, al no tener tantas y diversas interpretaciones de un mismo tipo penal de delito.
Es necesario contar con un protocolo nacional para la investigación del delito de feminicidio. El objetivo es coadyuvar en la prevención de la violencia feminicida, contando con ordenamientos legales que garanticen los derechos humanos de las mujeres, que se investigue y juzgue con perspectiva de género y se sancione. Se pondrá a disposición de toda la militancia del PRD, para que se hagan las reformas correspondientes.
POR KAREN QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNEROS DEL PRD
@KARENQUIROGAA