Las divergencias sobre los derechos de pesca son uno de los dos mayores obstáculos para la conclusión de un acuerdo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y se plantean como uno de los mayores puntos de contención entre China y América Latina.
Pero si en el caso europeo la dificultad del acuerdo es en cierta medida, porque es simbólica del reclamo nacionalista que llevó a los británicos a buscar su "independencia" de los mandatos burocráticos de la UE, en el de la pesca china en aguas latinoamericanas resulta mucho más, y en cierta forma menos complicado.
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En el caso europeo, el problema es de una escala relativamente pequeña en comparación con el volumen de las economías de las partes en el debate, aunque ciertamente importante para las poblaciones involucradas.
En la situación latinoamericana, especialmente en las zonas económicas exclusivas de países en la costa del Océano Pacífico, el tamaño del problema es desconocido. Sólo se sabe que potencialmente afecta a Perú, Ecuador y Chile, que se quejan de la presencia de enormes flotas pesqueras de bandera o propiedad china y de las que sospechan violan sus aguas territoriales.
Según un reporte del grupo Global Financial Integrity de 2017, la pesca ilegal constituye la sexta más lucrativa actividad económica ilegal en el mundo, con ingresos estimados de 15 a 36 mil millones de dólares.
Y de acuerdo con el grupo Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, la flota china no sólo es la mayor del mundo con sus casi 17 mil embarcaciones, sino una de las principales contribuyentes al problema: en su índice de pesca ilegal no-reportada y no-regulada (IUU) de 2018, China clasificó como la nación con peor desempeño del mundo (México, por cierto, ocupó el sitio 14, empatado con Filipinas).
De acuerdo con un análisis del grupo InsightCrime, la flota pesquera china, "se convirtió en una preocupación particular después de 2016 y "desde entonces ha provocado graves alertas anuales en Ecuador, Perú, Chile y Argentina". Sólo en Chile, se estima que la pesca ilegal tiene un costo anual estimado de 300 millones de dólares.
En el último año, la presencia de una flota de más de 300 barcos pesqueros chinos en las costas sudamericanas, especialmente en las inmediaciones de la zona exclusiva de las Islas Galápagos (Ecuador) y de Perú, provocó preocupaciones e irritación. De hecho, tanto Ecuador como Chile vigilan los desplazamientos de los pesqueros chinos con buques guardacostas.
El gobierno chino, por su parte, anunció intenciones de reducir el subsidio al combustible para las flotas pesqueras y de adherirse a acuerdos internacionales contra la pesca ilegal. Pero ciertamente el tema introduce elementos de discordia en las relaciones entre China y esos países latinoamericanos en particular, que no vienen mal a unos Estados Unidos preocupados por la creciente importancia económica y política de Beijing en la que fuera su área tradicional de influencia.
POR JOSÉ CARREÑO
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1