El gobierno de López Obrador busca eliminar del régimen de subcontratación laboral conocido como outsourcing; aduciendo que es en beneficio de los trabajadores, pero la razón de fondo parece explicarse como una medida recaudatoria.
El gobierno está a la caza de ingresos y tiene urgencia por cubrir los más de 100 mil millones que tiene presupuestados para 2021 en los elefantes blancos de la refinería de Dos Bocas, el tren maya y el aeropuerto de Santa Lucía.
En octubre de 2019 el senador Napoleón Gómez Urrutia propuso una nueva regulación para la subcontratación, misma que fue rechazada a inicios de 2020, antes que los ingresos públicos se vieran afectados por la crisis económica.
La reforma a la figura de subcontratación que presentó la semana pasada el presidente López Obrador consiste en la eliminación de la subcontratación de personal, la regulación de servicios y obras especializados, la regulación de las agencias de colocación y mayor castigo a quienes no paguen sus impuestos vinculados en materia laboral.
Estos cambios pueden afectar a cerca de 5 millones de trabajadores mexicanos que se encuentran laborando bajo la figura de la subcontratación, en especial en los sectores de la manufactura, turismo y otros servicios.
El fin de la subcontratación no mejorará las condiciones de vida de los trabajadores y tampoco será el remedio recaudatorio que espera el gobierno para pagar los caprichos presidenciales.
Con la reforma laboral de 2012 se habían dado pasos para la flexibilización del mercado laboral en México, sin embargo, en otros países también se ha avanzado y México pierde competitividad.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global (GCI) del Foro Económico Mundial, el país pasó del lugar 113 en 2012 al lugar 94 en 2015 en el indicador de flexibilidad de contratación y despido laboral, pero en 2019 se ubicó en el lugar 107. Cabe señalar que los países con mayor flexibilidad laboral también son los que tienen menor porcentaje de trabajo informal; por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania que se ubican en las posiciones 5, 11 y 16 del GCI, respectivamente, tienen informalidad laboral por debajo del 20 por ciento, mientras que México alcanza niveles cercanos al 60 por ciento.
La iniciativa de reforma para la subcontratación endurecerá el mercado laboral, dificultando la facilidad de contratación y despido, lo que se traducirá en menor movilidad en el mercado formal, permanencia o aumento del mercado informal y construcción de barreras virtuales a los jóvenes que se incorporen al mercado laboral.
Parte de los argumentos que se han esgrimido de quienes apoyan la reforma están en los bajos sueldos que se pagan a través de la subcontratación. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, porque las empresas grandes son las que más utilizan estos esquemas de subcontratación y también son las que mejores sueldos relativos ofrecen en el país. También vale la pena recordar que la subcontratación se da tanto para personal de baja calificación como el altamente calificado.
Cualquier reforma de tipo laboral abonará poco si no viene aparejada de una mejora en las habilidades de la población económicamente activa (PEA) del país. México ocupa el lugar
69 del GCI en el indicador de facilidad para encontrar empleados calificados, en el 70 por las habilidades de sus graduados y en el lugar 99 por las habilidades digitales que tiene su población económicamente activa.
Esta realidad de baja competitividad laboral no se cambia con discursos, ni cobrando más impuestos, se cambia con mejor educación y es ahí donde no quiere apostar el gobierno actual.
Si el gobierno quiere mejorar las condiciones de vida de los trabajadores también lo puede hacer sin ninguna reforma legal, invirtiendo en mejores sistemas de transporte, echando atrás a los recortes en materia de seguridad y mejorando el sistema de salud que se deteriora a pasos agigantados.
POR FAUSTO BARAJAS
COLABORADOR