Como balde de agua fría cayó en el sector privado la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la subcontratación o outsourcing.
Para abogados laboralistas como Jorge Sales Boyoli se trata de reformas a leyes que deberán someterse a una amplía discusión en el Congreso si no se quiere afectar a la economía y al empleo, pues se busca una prohibición tajante que pondría en entredicho miles de contratos vigentes en empresas de todo tipo y tamaño. El fundador y socio del Bufete Sales Boyoli dice que la iniciativa deberá seguir la ruta legislativa prevista en la Constitución, en el entendido que Morena tiene mayoría en ambas cámaras.
La intención del Ejecutivo es prohibir de plano la subcontratación, pero a la vez admite y reconoce como legal la intermediación laboral (prestación de servicios o ejecución de obras especializadas, por ejemplo, vigilancia, mantenimiento, limpieza, etc.). Las sanciones previstas por utilizar la subcontratación se encuentran en la parte fiscal, al no poder deducir o acreditar los impuestos que resulten por el uso de la subcontratación.
Adicionalmente, añade Sales Boyoli, se prevén multas en la Ley Federal del Trabajo para los empleadores, desde 173 mil hasta 4 millones de pesos (de 8 mil hasta 200 mil dólares). Y bueno, la legislación penal y fiscal vigentes ya prevén delitos en la materia por simular o subcontratar (prisión preventiva oficiosa y penas agravadas).
En la iniciativa presentada no hay claridad respecto de qué autoridad y cómo podrán calificarse o configurarse los casos que se considerarán como subcontratación, y además de las multas mencionadas en materia laboral, no se advierte alguna consecuencia jurídica en el vínculo de trabajo o protección al trabajador.
Otro problema es que conforme a los transitorios de la iniciativa no se prevé ningún plazo para que los empleadores migren de un esquema de subcontratación (hoy legal) a uno de contratación directa. Esto porque la entrada en vigor de la iniciativa prevista de lograr el fast track en el Congreso, sería al día siguiente de su publicación. Al tiempo.
LA RUTA DEL DINERO
En el Hospital Regional de Morelia del ISSSTE, otrora uno de los mejores a nivel nacional, se encara un deterioro a causa de la lucha de grupos de poder, entre ellos el sindicato, lo que se suma la dirección de ese nosocomio. El doctor Miguel Ángel Carrillo Godínez, subdirector del mismo, en su ambición de poder, quiere escalar a la dirección general aún a costa de quien lo llevó a ese lugar, el doctor Carlos Alberto Guerrero Gascón, un prestigiado médico local. El caso es que a espaldas de su jefe ha iniciado un movimiento laboral en plena pandemia para tener control del manejo de medicamentos donde destacan los del Grupo II y III, es decir los psicotrópicos. El tema es que de esa disputa por la dirección del hospital enfermos y derechohabientes son los paganos… A la callada Aeroméxico que dirige Andrés Conesa Labastida, avanza en el proceso de reestructura de sus deudas, acaba de llegar a un acuerdo con el AICM que dará cierto alivio a su tesorería.
POR ROGELIO VARELA
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