Durante 2019 y los primeros nueve meses de 2020, la cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran una estadística escalofriante a la que aún se tendría que poner asterisco, por los miles de casos sobre los que no existen denuncias. El saldo sobre homicidios dolosos durante 21 de los 23 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulta revelador sobre la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para contener la violencia que sufre nuestro país.
El INEGI confirmó que durante 2019 se registraron 36,661 homicidios dolosos, de los cuales 3 mil 893 fueron mujeres. De acuerdo a esta estadística, el año pasado se reportó una tasa de 29 ejecuciones por cada 100 mil habitantes en el promedio nacional, la más elevada que se recuerde. Tan sólo en Colima, el rango de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes fue de 105. Un estado con territorio pequeño, dominado por el crimen y un gobierno incapaz abandonado a su suerte.
Guanajuato es el dramático epicentro del terror. En 2018 fueron asesinadas 3,515 personas, y el año pasado, 4,019 en esa región del Bajío. Hace unos días familiares de desaparecidos descubrieron en la ciudad de Salvatierra, fosas clandestinas con 61 cuerpos enterrados de hombres, mujeres y adolescentes que no se han sumado a ninguna estadística. La indolencia del Gobierno Federal hacia el horror padecido por los guanajuatenses ha llevado a cientos de personas a emprender sus propias búsquedas, para tratar de conocer la verdad sobre los desaparecidos. Tras la detención de José Antonio Yépez “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se activó un esfuerzo ciudadano para saber el paradero de familiares que se teme fueron víctimas del crimen organizado.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del colapso de las instituciones federales para enfrentar a la delincuencia. Si a los 36 mil 661 homicidios dolosos reportados por el INEGI en México durante 2019, sumamos los 21,879 reconocidos de enero a septiembre de este año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resulta que en los últimos 21 meses han sido segadas 58,540 vidas, sin contar las registradas en octubre y los 61 descubiertos en Salvatierra.
Además, de enero a septiembre el SESNSP contabiliza en todo el país 704 feminicidios, 640 secuestros y 6129 extorsiones.
¿Cuántos homicidios dolosos, feminicidios y plagios no se han denunciado? con seguridad muchos que robustecen la llamada cifra
negra que representa aquellos delitos que se cometen, pero sobre los cuales no hay ningún tipo de registro.
EDICTOS
Los ofrecimientos lucidores de combate a la corrupción y la impunidad de la llamada 4T, han sido un espejismo que evade la realidad por decreto. Según los cálculos de diversas organizaciones no gubernamentales, más del 97% de los delitos cometidos en México no se castigan, lo que evidencia el terrible dominio de la demagogia en la narrativa oficial que se atreve a establecer que el país experimenta un proceso de transformación. La frialdad de los números es incapaz de expresar la onda expansiva de dolor humano que ha sido significativa en los primeros 10 meses de este año. El manejo irresponsable de la pandemia y la violencia incontrolable, nos presentan un panorama desolador que los discursos no podrán maquillar durante las campañas políticas de 2021.
POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
ENROMA27@GMAIL.COM
@JENROMA27