La más reciente entrega de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al trimestre julio-septiembre del 2020, no deja lugar a dudas de que el coronavirus contribuyó a disminuir los delitos durante el encierro.
Así lo confirmó también el presidente del INEGI al presentar los resultados de dicha encuesta y de paso precisó que la percepción de inseguridad disminuyó 5.6%, al pasar de 73.4% a 67.8%, siendo la más baja de los últimos 5 años y cuyo descenso se debió a la escasa movilidad y distanciamiento social que trajo consigo la emergencia sanitaria.
Uno de los hallazgos que refuerzan esta premisa es que los hogares que registraron al menos una víctima de robo y/o extorsión, disminuyeron 13.5%, al pasar de 35.3% del segundo semestre del 2019 a 21.8% durante el primero de 2020, el cual incluye los 3 meses de mayor confinamiento y el cese de la actividad económica, que se tradujo en menos víctimas potenciales en las calles, en el transporte público y en los negocios.
Entre las alcaldías y municipios con más altos registros en este indicador destacan Iztacalco con 34.4%, Cuautitlán Izcalli con 34%, Iztapalapa con 33.2%, Aguascalientes con 33% y Magdalena Contreras con 32.75%, es decir que en estas demarcaciones uno de cada 3 hogares fueron víctimas de algún robo y/o extorsión.
Si tomamos en cuenta que sólo en las 3 Alcaldías pertenecientes a la Ciudad de México el número de hogares es de 658, 278 y el promedio de los que registraron al menos un delito fue de 33%, tenemos que se cometieron 219,426 robos y/ extorsiones durante el primer semestre de 2020.
Sin embargo, al extrapolar los datos a toda la CDMX confirmamos que el número de hogares que registraron al menos uno de estos dos delitos fue de 780 mil 400 de un universo de 2 millones 601 mil 400 que había en la ciudad capital hasta 2018.
Al restar los casos de robo y extorsión denunciados ante el Ministerio Público del total de hogares que fueron víctimas, obtenemos que sólo 39 mil 107 llegaron al MP, quedando sin denunciar 741 mil 293 ilícitos, es decir un 95%.
Los delitos no denunciados pasaron a formar parte de la denominada Cifra negra y en esta ocasión es mayor que la registrada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) de 2018, cuando fue de 93.5% para todos los delitos.
Un indicador que no mejoró en la misma proporción que la percepción de inseguridad fue la corrupción de autoridades de seguridad pública, ya que únicamente disminuyó 2.7% durante el encierro, al pasar de 48.3% durante el segundo semestre de 2019 a 45.6% del primero de 2020, lo cual deja en entredicho la bandera insignia de la autodenominada 4T en el sentido de que este flagelo ya se había acabado tras su llegada al gobierno.
Como lo señalé en este mismo espacio, el encierro de las personas obligado por el coronavirus es la causa real de la disminución de los delitos durante el primer semestre del 2020 y no la estrategia de seguridad aplicada por las autoridades federales y locales, que no se cansan de presumir que la incidencia delictiva disminuyó gracias al trabajo coordinado e incluso ha sido incorporada en sus informes de avance como el del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana antes de renunciar.
El “rebote” de 1.8% en la incidencia delictiva de septiembre confirma la tendencia a la alza conforme se avanza hacia la nueva normalidad y de paso adelanta que al cierre de 2020 los delitos denunciados se ubicarán en los niveles que tenían antes del confinamiento, a menos que un rebrote obligue a confinarnos nuevamente y los ilícitos bajen otra vez, lo cual tampoco suena descabellado ya que por lo menos hay 8 entidades que registran un repunte en el número de contagios, además de la Ciudad de México, aunque el presidente de la República afirme lo contrario.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL