¿Qué es y qué hace un ministro, un magistrado y un juez?
Desde la interpretación de las leyes, resolución de controversias, hasta dictar sentencias y dirimir conflictos en todas las materias, son algunas de sus funciones.
Por Diana Martínez
Qué hacen los juzgadores federales?
El Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene entre sus facultades la interpretación de leyes y resuelve controversias entre particulares, cuando se trata de un asunto de competencia federal, pero también interviene cuando una ley o alguna autoridad vulnera derechos humanos. Está integrado por jueces, ministros y magistrados; todos se encargan de impartir justicia.
¿Qué es y qué hace un ministro?
Los ministros son 11 e integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el tribunal constitucional de México, y vigilan que las leyes y actos de autoridad estén apegados a la Constitución y no vulneren los derechos de las personas.
Actualmente, los integrantes de la Corte resuelven como Tribunal Pleno y también participan en dos Salas, conformadas por cinco ministros cada una. Sin embargo, con la reforma judicial, estas dos Salas desaparecerán y todo se resolverá en el Pleno.
Cuando se asigna un asunto a los ministros, éstos, con ayuda de sus equipos de trabajo, deben elaborar un proyecto de sentencia, que será revisado de forma colegiada en sesión pública y se emitirá una votación.
Los ministros pueden conocer de juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y contradicciones de criterios en tribunales federales, así como la constitucionalidad en materia de consultas populares y recursos de revisión sobre seguridad nacional.
La Corte puede fijar criterios que serán obligatorios para todos los tribunales del país de menor jerarquía. El máximo tribunal conoce de asuntos de importancia o relevancia jurídica.
¿Qué hace un magistrado?
Son los juzgadores que se encargan de revisar las resoluciones de los jueces, por lo que representan una segunda instancia. Forman parte de los tribunales colegiados de apelación y de circuito, así como de los plenos regionales, que se encuentras distrubiodos a lo largo del país.
También hay magistrados electorales, que pertenecen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional especializado en esa materia, que debe resolver en forma definitiva e inatacable conflictos e impugnaciones contra actos de autoridades electorales.
Jueces de distrito y control
Un juez es la persona autorizada por el Estado para impartir justicia y dirimir los conflictos que se le presentan en primera instancia. El juez de distrito se encarga de analizar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos fundamentales.
Además de los juicios de amparo, un juez de distrito puede conocer de las denuncias presentadas por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales.
Existen jueces de distrito en materia penal, administrativa, civil, mercantil y laboral. En el caso de los jueces de control, analizan, por ejemplo, si es necesario sujetar a una persona a un proceso penal, o si se requiere emitir una orden de cateo o de aprehensión.
Reformas dan certeza a iniciativa privada nacional y extranjera.
Luz María Zarza Delgado, doctora en Derecho por la UNAM, es la primera mujer en ocupar -todo un sexenio- el cargo de directora Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con Heraldo TV, Zarza refirió a que se mantiene en el proceso para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las primeras elecciones judiciales del 1 de junio próximo.
“He estado participando, tuve la oportunidad del grupo de académicos al que pertenezco y compañeros de generación, estuvimos analizando la oportunidad de varios de nosotras y de nosotros participar y ahí todavía sigo, entonces vamos a ver qué va avanzando”.
La exabogada general de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) enfocó sus comentarios a la reforma energética de la presidenta Claudia Sheinbaum, que -dijo- tiene como objetivo fortalecer el control estatal sobre el sector y priorizar a las empresas públicas como la CFE y Pemex.
En el caso de Pemex, Zarza afirmó que con la reforma la empresa productiva del Estado mexicano tendrá un perfil y un objetivo mucho más social. En entrevista con Darío Celis, en Tiempo de Negocios, la doctora en Derecho explicó que las iniciativas que la Presidenta envió al Congreso, sin lugar a dudas van a fortalecer y a dar el marco constitucional y jurídico para que Pemex “pueda llevar a cabo todas sus actividades con un perfil y un objetivo mucho más social”.
Zarza detalló que la nueva Comisión Nacional de Energía, que va a sustituir a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), implicará beneficios en el corto y largo plazo. Recordó que la CRE y la CNH -en su momento- fueron órganos reguladores que pertenecieron a un esquema de “reforma energética distinto” con una empresa, con una naturaleza también diferente, más con perfil privado.
La exfuncionaria de Petróleos Mexicanos reconoció que los órganos reguladores en el sector implicaban muchísimo tiempo para poder llevar a cabo las acciones y los proyectos y eso iba impactando de manera importante en los resultados económicos de la empresa.
Destacó que otro de los aspectos positivos en los que impactarán las reformas en el sector se verá reflejado en la Iniciativa Privada. “Para el sector privado no hay nada más importante que un gobierno fuerte y rector sin tenerle miedo a la denominación de monopolio, sino más bien con estas directrices de transparencia, honestidad, de visión en lo social y en el bien común, da también certeza al sector”. Dijo que en la IP ven con buenos ojos este movimiento porque ya vivieron la anterior reforma energética que no les benefició y no era lo que esperaban.
Hoy más que nunca la gente debe estar involucrada, aseguró Artemio Zúñiga, exjuez federal.
Por Diana Martínez
La Reforma Judicial permite un control ciudadano de la justicia, aseguró Artemio Zúñiga, exjuez federal.
En entrevista con El Heraldo de México, el también catedrático señaló que así como los ciudadanos son responsables de elegir a sus legisladores o al titular del Ejecutivo, también tienen el derecho y la obligación de elegir a quien los va a juzgar.
“Hoy más que nunca la ciudadanía debe de estar involucrada y es una tarea de responsabilidad compartida con el tema de la justicia”, indicó.
Ese compromiso, explicó, implica que la gente esté al pendiente del quehacer judicial y participe activamente en la revisión de la labor de los juzgadores. “Es una justicia para todas y para todos, una justicia transparente, una justicia cercana a las personas”, detalló.
Dentro de este esquema de control ciudadano, dijo, se han reconfigurado canales de evaluación de los operadores jurídicos y que ayudan a tener una mejor justicia.
“La evaluación constante constituye también una garantía para las personas para tener una justicia eficaz, una justicia adecuada que responda a los retos que requiere un estado democrático, un estado moderno, el diálogo social, hoy por hoy, reclama justicia y considero que tener una judicatura cercana, transparente y moderna, en donde se haga uso de tecnologías de la información, será uno de los grandes retos”, agregó.
Apuntó que se requiere una justicia de puertas abiertas y se deben buscar herramientas de transparencia para que la gente entienda las diferencias de cada una de las funciones de los operadores jurídicos como ministros, magistrados y jueces.
“Tenemos que fomentar la cultura de la legalidad, la cultura de entender los derechos humanos y también esta tarea compartida de los jueces de puertas abiertas para ser más cercanos a la sociedad y que entiendan cuál es la tarea de un juez y que serán los jueces que ellos van a decidir que los juzguen”, dijo y aseguró que, a partir de la Reforma Judicial, se tiene la oportunidad de reconfigurar el sistema de justicia.
EN LA ANTESALA DE LA ELECCIÓN
La entidad se alista para las elecciones del próximo 1 de junio de personas juzgadoras, que será electas por un periodo de 8 años.
En el ámbito local los colimenses elegirán por primera vez los siguientes cargos:
10 magistrados del Tribunal Superior de Justicia
5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
31 jueces de primera instancia
Total: 46
Los tres Poderes de Colima, conforme a sus Comités de Evaluación, dieron a conocer sus listas de aspirantes:
POR EL PODER LEGISLATIVO RESULTARON SELECCIONADOS:
17 Aspirantes a Magistrados
39 Aspirantes a Jueces
TOTAL: 56
POR EL PODER EJECUTIVO
32 aspirantes a Magistraturas
23 aspurantes a Jueces
TOTAL: 55
DE MANERA INÉDITA DURANGO TENDRÁ TRES ELECCIONES EÑL PRÓXIMO 1 DE JUNIO
La primera para renovar 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías.
La segunda, la elección del Poder Judicial de la Federación, y el Poder Judicial local, donde elegirán a magistrados y jueces que no tendrán rivales.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
15 Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia
5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
1 Magistratura del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes
28 Jueces de primera instancia
Total: 49
Los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Durango enviaron al Congreso local las listas de 49 aspirantes, para 49 cargos en disputa.
Las listas con los 49 aspirantes fueron enviadas por el Congreso local al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango el pasado 22 de febrero.
FECHAS A SEGUIR:
30 de marzo inicio de campañas
28 de mayo último día para hacer campaña
29 de mayo inicio de la veda electoral
1 de junio jornada electora
Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del IEPC de Durango
“Hemos recibido 49 candidaturas, para 49 cargos, vamos a preparar la boleta electoral; tenerla a la brevedad posible y que sea la ciudanía quien decida; las mismas candidaturas las presentó el Congreso con las candidaturas de los tres comités”.
Día internacional de la mujer
Columna por Gabriela del valle.
Aun con derechos ganados, es fundamental construir un piso parejo que permita una mayor presencia de las mujeres al frente del ámbito público como privado
Un 8 de marzo de 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo oficial la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como parte de reconocer la lucha de las mujeres por sus derechos, tales como participar en la sociedad, en la economía y en la política, para lograr mejores condiciones de vida, estando en un plano de igualdad con respecto a los hombres.
No obstante lo anterior, los orígenes del Día Internacional de la Mujer se remontan al siglo XIX, cuando diversos grupos de mujeres empezaron a salir a las calles para exigir derechos civiles, sociales y políticos. Ciertamente, en muchos momentos dichas movilizaciones eran reprimidas, con la finalidad de desalentar sus demandas, pero lo que fue ocurriendo es que dicho fenómeno se iba replicando a lo largo del mundo.
Particularmente, en el siglo XX se fueron intensificando las movilizaciones de miles de mujeres que exigían el derecho al voto y derechos laborales. Estas demandas cobraron mayor relevancia debido a la tragedia en una fábrica de textiles en Nueva York, donde decenas de mujeres obreras perdieron la vida.
Como se sabe, los movimientos de las sufragistas abrieron el camino para que hoy la mayoría de las mujeres en el mundo podamos votar. En México, aunque también se inicia esta lucha desde épocas de la Revolución, el reconocimiento al sufragio se alcanzó hasta el 17 de octubre de 1953. Sin embargo, éste era apenas un primer paso, pues el siguiente sería que se empezara a ver que la mujer tenía la misma capacidad que un hombre para estar en el ámbito público y político, como líder o en cargos directivos.
Muchas sufragistas dieron su vida para lograr el reconocimiento del voto de las mujeres; su lucha no fue fácil, y el paso siguiente tampoco era sencillo. Había que tratar de cambiar un imaginario social, en el cual permeaba la idea de que las mujeres en política eran como intrusas, como personas que estaban en el lugar equivocado, descuidando el rol que por “naturaleza les correspondía”, un rol subordinado al hombre y al cuidado del hogar, un rol maternal que no se podía negar.
Esa idea, por absurda que pueda parecer en nuestros días, sigue siendo el motor de la discriminación y de la violencia contra las mujeres. En nuestros tiempos, a pesar de ver los logros que miles de movilizaciones de mujeres han conseguido, sigue siendo difícil ceder un espacio directivo a una mujer. Todavía nos falta ver a un mayor número de rectoras o directoras al frente de las universidades; las empresas más importantes en los países en su mayoría siguen precedidas por hombres. Y el reto más grande sigue siendo que muchas personas creen que un hombre puede ser mejor jefe o mejor negociante que una mujer.
Lo cierto es que pueden existir liderazgos buenos y malos tanto en hombres como en mujeres, pero estas creencias han estado en nuestras sociedades por siglos; no es raro que sigan permeando en nuestro pensamiento. ¿Cómo lograr entonces ir erradicando estas ideas? Por un lado, hay que insistir en que las mujeres sigan ocupando este espacio público en la misma medida que los hombres y que los hombres se involucren más en el espacio privado, en estas tareas del hogar y de cuidado. Tratando de ser copartícipes de los roles que se nos han asignado, se puede empezar a normalizar otra dinámica social.
La otra cuestión, que no es menos importante, es insistir en la elaboración de políticas y leyes que aseguren la igualdad entre mujeres y hombres, pero siempre teniendo claro que para garantizar la igualdad hay que garantizar el piso parejo. Estas acciones significan muchos años de trabajo; no siempre se verán grandes avances, pero lo cierto es que alcanzaremos una igualdad entre mujeres y hombres cuando no sea extraño ver a una mujer dirigiendo o liderando.
La igualdad de género en el Poder Judicial
Columna Antonio Holguín.
El que una mujer ocupe posiciones de mando contribuye a cambiar estructuras, percepciones y prejuicios sociales, además de que enriquece el debate y el análisis jurídico???????
Uno de los aspectos más relevantes de la más reciente reforma constitucional sobre el Poder Judicial es el relativo a la equidad de género que plantea para la integración de las instancias jurisdiccionales. Si bien desde el 2020 ya existía un Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el que se asumía como un principio de la carrera judicial el buscar la paridad de género, que buscaba consolidar de una manera progresiva y gradual la composición paritaria entre hombres y mujeres, la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 estableció expresamente esa composición paritaria como un elemento central dentro de los procesos de elección judicial que se llevarán a cabo, buscando acelerar un proceso que se venía llevando a cabo desde hace varios años.
Durante mucho tiempo, la titularidad de los órganos jurisdiccionales en México estuvo muy distante de la paridad de género. Conforme a los propios datos del Consejo de la Judicatura, entre 1995 y 2018 las mujeres no tenían una presencia superior al 20% en un promedio general dentro del ámbito federal. En este sentido, por ejemplo, en 1995 el 85% de las magistraturas de circuito estaban ocupadas por hombres, al igual que el 78% de la titularidad de los juzgados de distrito, lo cual claramente denotaba la existencia de barreras de muy diversa índole que propiciaron que en la impartición de justicia existiera esa igualdad que permitiera a las mujeres desarrollar esas tareas de contribuir a fortalecer la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.
Entre las medidas que se llevaron a cabo para buscar la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación se destaca el reconocimiento institucional de que había una situación que debía atenderse así como la implementación de acciones afirmativas que tuvieron por objeto incentivar la participación específica de las mujeres, dentro de las cuales destacaron los concursos exclusivos para mujeres que, para acceder a los cargos de juezas de distrito y magistradas de circuito se empezaron a llevar a cabo desde julio de 2019 y que para 2023 había propiciado el nombramiento de 40 nuevas juezas y 18 magistradas de circuito, lográndose reducir la tasa de prevalencia masculina en el caso de los magistrados de circuito a menos del 80% y de los juzgados de distrito al 70% del total.
El que exista paridad de género entre quienes imparten justicia es algo que trasciende los aspectos meramente formales. Que una mujer ocupe posiciones de mando y autoridad, contribuye a cambiar estructuras, percepciones y prejuicios sociales, además de que enriquece el debate y el análisis jurídico, además de reforzar la legitimidad del propio sistema de impartición de justicia e incidir en una mayor y mejor vigencia de los derechos de las personas. Tal y como lo ha reconocido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, la igualdad de género en el Poder Judicial no constituye una concesión a un grupo determinado, sino que es el ejercicio de un derecho que busca un beneficio para el interés general y la sociedad en su conjunto. En la medida en que un sistema judicial cuente con una participación plural y diversa, que tiene como punto de partida una integración en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, se preserva y mejora la identificación y confianza pública en el mismo.
Es innegable que en nuestro país se han dado avances muy favorables para lograr una mayor participación de las mujeres tanto en la práctica jurídica como en las tareas de impartición de justicia. Viendo la situación actual, se nos haría difícil imaginarnos que en 1926 sólo veinte mujeres habían ingresado a estudiar Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y sólo 3 se habían titulado. Sin embargo, es todavía mucho lo que falta por avanzar en materia de igualdad y, en este sentido, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer nos brinda una oportunidad de reflexionar sobre el largo y complejo camino que ha implicado lograr y consolidar la participación de las mujeres en el ejercicio de la profesión jurídica, así como en la impartición de justicia. El desarrollo profesional de las mujeres es un campo en el que todavía existen muchas asignaturas pendientes en materia de igualdad.
