En una entrevista exclusiva para Heraldo México, durante el programa de radio Heraldo USA, el abogado internacional Alejandro Celorio, quien también es asesor senior en el Guernica Center, abordó la creciente preocupación sobre el tráfico de armas y el impacto de la presencia del fentanilo en México, y las acciones legales emprendidas por el gobierno mexicano para contrarrestar estos problemas.
El abogado Celorio comenzó la entrevista destacando que, desde hace algunos años, el gobierno de México ha iniciado un proceso legal inédito al demandar a las empresas que fabrican armas en Estados Unidos. La razón de esta demanda se centra en la creciente violencia en México, atribuida en gran medida a la facilidad con que las armas de alto poder provenientes de Estados Unidos llegan al país.
"Nunca un gobierno extranjero había retado a la industria de las armas, y por supuesto, México nunca había presentado una demanda de este tipo."
Celorio explicó que, por muchos años, se desconocía la magnitud del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos hacia México. Sin embargo, ahora es claro que la facilidad con que los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir armas y posteriormente traficarlas a México es una de las principales causas de la violencia en la región. El caso más reciente que ejemplifica esta problemática es el tiroteo en la escuela primaria en Texas, donde el atacante, de manera legal, compró su arma en Estados Unidos, para luego utilizarla en un ataque en suelo estadounidense. Este tipo de incidentes también refleja cómo las armas de este tipo terminan en manos del crimen organizado en México.
"Las armas tienen un número de serie que permite rastrear las armas que cruzan de México hacia Estados Unidos, y con esa información de rastreo, cualquier otra industria responsable lo que haría es monitorear, destruir y sancionar a aquellos puntos de venta que están facilitando el tráfico."
La industria de las armas y su responsabilidad
El abogado resaltó que una de las principales críticas en las demandas contra las empresas fabricantes de armas está relacionada con la forma en que estas venden sus productos sin las debidas precauciones. Según Celorio, las empresas deberían ser mucho más responsables a la hora de monitorear a sus distribuidores y asegurarse de que sus productos no caigan en manos equivocadas. Para el abogado, este tipo de medidas serían parte de la solución, dado que las armas tienen números de serie que pueden rastrearse hasta su lugar de fabricación. Sin embargo, las empresas han sido negligentes en este proceso, lo que facilita que las armas sean vendidas de manera ilegal.
Además, explicó que las armas de fuego se pueden modificar fácilmente para ser usadas de manera ilegal, transformándolas en armas de repetición o incluso en ametralladoras, lo que hace que su circulación en México sea aún más peligrosa.
El apoyo de la Corte Suprema de los Estados Unidos
Una de las grandes victorias en este proceso legal ocurrió cuando, por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Boston determinó que México había invocado correctamente una excepción a la ley de inmunidad de las empresas de armas, permitiendo que la demanda siguiera su curso. Este avance legal ha generado expectativas, ya que el caso será escuchado por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 4 de marzo, lo que podría establecer un precedente importante para futuros casos relacionados con el tráfico de armas.
En respuesta a preguntas sobre las políticas que podrían adoptar las autoridades estadounidenses para frenar el flujo ilegal de armas, Celorio destacó la necesidad de fortalecer la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), una entidad que actualmente carece de recursos suficientes para monitorear adecuadamente el comercio de armas. A su juicio, Estados Unidos debe tomar más medidas para evitar que estas armas lleguen a México, incluyendo la implementación de tecnología de monitoreo en la frontera y mayores decomisos de armas.
El abogado señaló que la demanda presentada por México no busca acusar al gobierno de Estados Unidos, sino a las empresas que, con sus prácticas negligentes, están contribuyendo al tráfico de armas hacia México. Aunque el proceso legal aún está en curso, Celorio manifestó que esta lucha es fundamental para detener el flujo de armas y evitar que continúe alimentando la violencia tanto en México como en Estados Unidos.
El beneficio para las comunidades mexicanas y estadounidenses
Celorio concluyó la entrevista destacando que, si bien las demandas contra las empresas de armas no podrán devolverle la vida a las víctimas de violencia armada, sí tienen un valor simbólico y práctico, ya que visibilizan la irresponsabilidad de estas compañías. Además, el abogado señaló que este proceso podría llevar a ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, a tomar medidas más responsables para regular el tráfico de armas. El objetivo final es garantizar la seguridad de las comunidades tanto en México como en Estados Unidos, especialmente en zonas donde los tiroteos y el crimen organizado son una amenaza constante.
"El tráfico de armas tiene que ser monitoreado y controlado de manera más estricta, porque las consecuencias de no hacerlo son muy graves."
Para los mexicanos que viven en ambos lados de la frontera, Celorio enfatizó que estos esfuerzos legales y las medidas para regular el tráfico de armas representan un paso importante para proteger sus vidas y las de sus familias. La creciente visibilidad del problema está impulsando cambios que, en última instancia, podrían reducir el acceso de los grupos criminales a armas de alto poder y ayudar a frenar la violencia en ambas naciones.
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