La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se diera pronta resolución a todos los medios de impugnación contra de la reforma judicial.
Durante una sesión privada, los ministros rechazaron la solicitud, y la ministra Lenia Batres Guadarrama propuso que se solicitara al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que expida un acuerdo exhortando a juzgados y tribunales que tengan procesos abiertos contra la reforma para que los desechen, con base en el principio de supremacía constitucional, establecido en el reciente decreto del pasado 31 de octubre, que reitera que cualquier reforma constitucional es inimpugnable.
De acuerdo con Batres Guadarrama, el máximo tribunal sí tiene atribuciones para solicitar al CJF la expedición de los acuerdos generales necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, así como de su intervención para el adecuado funcionamiento entre los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), conforme al artículo 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
La ministra señaló que el decreto del 31 de octubre advierte en uno de sus artículos transitorios que “los asuntos que se encuentre en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”.
Según Batres Guadarrama, es notorio que tiene efectos inmediatos y que es aplicable a todos los procesos pendientes de resolución al momento de su entrada en vigor.
Con esta propuesta, indicó, todos los juicios contra la reforma electoral se habrían declarado sin materia, para poder continuar con los preparativos para la elección judicial sin amenazas de multas o sanciones aún más graves contra los funcionarios el INE, que solo cumplen con sus obligaciones legales.
“Procede que el CJF emita un acuerdo en ese sentido, con el propósito de que las personas juzgadoras dejen de generar una expectativa de una resolución que, en todo caso, sería inconstitucional. Incluso, cabe que en dicho acuerdo se aperciba a las personas juzgadoras con las medidas que resulten procedentes, de acuerdo con la responsabilidad administrativa en la que incurrirían”, señaló la ministra.
Tanto la solicitud del INE como la propuesta de la ministra Batres fueron rechazadas por el pleno de la SCJN.
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