Por efectuar pagos por 53.31 millones de pesos a la empresa Zen Servicios Profesionales en 2016, “sin la debida justificación documental”, la Contraloría Interna Municipal de Naucalpan impuso una sanción por el mismo monto e inhabilitó por 20 años a Iván Arturo Rodríguez Rivera, quien se desempeñó como tesorero municipal durante la administración del exalcalde Edgar Olvera.
Rafael Funes Díaz, contralor interno de Naucalpan, explicó que esta sanción se suma a la impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa en relación a pagos hechos a la misma empresa durante 2017, instancia que dictaminó una multa de 63.83 millones de pesos y también 20 años de inhabilitación para Rodríguez Rivera por las mismas irregularidades.
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No se cumplieron las cláusulas del contrato
Precisó que el gobierno de Naucalpan y Zen Servicios Profesionales firmaron un contrato el 3 de marzo de 2016, con el propósito de proporcionar asesoría legal y contable a la administración municipal para beneficiarse de las participaciones federales, según el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal.
Sin embargo, una investigación de la Contraloría reveló que no se cumplieron las cláusulas esenciales del contrato, incluyendo la obligación de emitir un dictamen sobre el trabajo realizado y notificar el monto recuperado antes de proceder con los pagos.
“El extesorero, sin la documentación justificativa requerida, autorizó y permitió que las facturas no reflejaran la cantidad recuperada, lo que condujo al unilateral cobro por parte de Zen Servicios Profesionales del 18 por ciento del importe de los recursos correspondientes al municipio. Esta acción resultó en un perjuicio económico a las finanzas públicas municipales”.
Se autorizaron facturas por un monto de 46.19 millones de pesos
El Contralor Interno de Naucalpan explicó que las investigaciones de la dependencia abarcaron también los años 2017 y 2018. El primer año, Rodríguez Rivera autorizó 13 facturas por un total de 63.83 millones de pesos a Zen Servicios Profesionales sin verificar la documentación que respaldara la ejecución de los servicios contratados, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa dictaminó la sanción referida.
En 2018, la Contraloría Interna Municipal también investigó a Juan Carlos Sánchez Medina, en ese entonces tesorero municipal, por autorizar facturas por un monto de 46.19 millones de pesos a la misma empresa, igualmente sin verificar la documentación que acreditara la ejecución de los servicios contratados; este expediente fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar la sanción correspondiente.
srgc
