El Poder Judicial de la Federación, integrado por La Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, presentó su proyecto de presupuesto para hacer frente a los retos que implica la impartición de justicia en México.
El presupuesto actual del PJF representa el 0.26% del PIB, 12.84% menos que en 2018. Además, es el 0.9% del gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, es el 0.9% del gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Créditos: Especial
Monto total para 2024: 84,792.4 MDP: ¿Cómo se integra el PJF?
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Más de 55,800 personas servidoras públicas
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8 de cada 10 realizan labor jurisdiccional
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941 órganos jurisdiccionales federales
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Más 1.8 millones de asuntos resueltos al año
¿Cuáles son los proyectos para 2024?
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Instalar 6 Centros de Justicia Penal, que se sumarían a los 42 existentes
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Crear 22 Tribunales Laborales Federales en diferentes sedes
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Implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
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Impulsar la creación del Instituto Federal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Federación
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Elaborar el Modelo de gestión para la mejora del desempeño de sus unidades administrativas
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Reingeniería del modelo administrativo
El necesario e indispensable para garantizar la continuidad
La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, anunció el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, y considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.
En sesión pública solemne y conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.
srgc
