El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la resolución de la ministra Loretta Ortiz en torno al funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está sostenida en el derecho y el respeto a la Constitución. Además, calificó esta propuesta como un despropósito que violaría la Constitución en caso de ser aprobada.
“No puede violarse la Constitución alegando que no se puede operar sino se reúne el número necesario de comisionados para hacer el quórum”, dijo.
Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario dijo que la ley indica que este organismo debe generar un quórum de al menos cinco comisionados para poder llevar a cabo sus resoluciones.
El titular de la Segob apuntó que la Cámara de Senadores continúa con los esfuerzos para elegir los perfiles faltantes en el instituto, para lo cual serán necesarias las dos terceras partes del órgano legislativo.
“Finalmente alguien, en este caso la ministra Loretta Ortiz -se olvida- deje a un lado tantos intereses políticos y económicos entorno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información, fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho, era un despropósito del INAI, los cuatro consejeros, el que se les permitiera violando la Constitución, funcionar con un número de comisionados que la misma ley no prevé”, dijo.
"Nadie está obligado a lo imposible", dijo.
Aceptó que tuvo una reunión con el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados para hablar de la agenda legislativa, aunque aseguró que el clip de audio en el que presuntamente sugirió a los funcionarios que el presidente Andrés Manuel López Obrador deseaba mantener inoperante al instituto, es falso.
"Se falseó, se distorsionó el contenido de una conversación privada que tuve con los legisladores", dijo.
Comentó que los senadores tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados, por lo que descartó que hubiera una incidencia del gobierno federal en el caso.
Añadió que no se busca evitar la resolución de casos del INAI, pero aplaudió la resolución de Loretta Ortiz, debido a que es necesario mantener el orden de la Constitución.
Sostuvo que este organismo ha servido como botín político que suele repartirse entre los partidos políticos, que no ayuda a la construcción de la transparencia, ni a la democracia. Finalmente, dijo que cualquier comisionado tiene el derecho de acudir a instituciones internacionales para que analice el caso.
Palomean en Palacio modificaciones a reforma minera
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo este martes en Palacio Nacional que en el Poder Ejecutivo avalan las modificaciones que los diputados federales están haciendo a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Minera y descartó que estas desvirtúen la propuesta original.
En la mañanera, expuso que si bien los legisladores ampliaron hasta 80 años el tiempo que pueden durar las concesiones de explotación de minas, dijo que no se compara con las que actualmente permite la ley.
“Bueno, es una reforma, una iniciativa que como ya le dije, pues fue objeto de un ajuste después de revisión, de análisis entre los legisladores y con los actores interesados.
"Nada más le voy a dar un dato, pues antes eran prácticamente a perpetuidad, hay concesiones de minas aquí en el país que tienen más de 175 años. Ahora comienza a regularse la actividad, seguramente en los próximos años, pues tocará ir adecuando la ley para ir ajustando los términos de la concesión, porque las condiciones son cambiantes”, dijo.
Destacó que la reforma quita el carácter de preferente a la actividad minera por encima de la explotación del agua.
“Se le pone, digamos, un freno a la actividad minera; ahora se le da preferencia al derecho humano al agua y atendimos y atendieron, desde luego, los legisladores, los diputados federales las recomendaciones o los argumentos que presentaron las diversas partes. Por ejemplo, de los que yo recuerdo, nos demostraron por qué era inviable que, en el caso de las concesiones de agua para uso de la actividad minera, pues no podía, había una disparidad entre 15, 30 o 50 años de duración de una concesión para la explotación de una mina y cinco años para la concesión de agua”, explicó
Con información de Noemí Gutiérrez
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