La empresa operadora de El Heraldo de México denunció penalmente a José Luis Moyá Moyá, el autonombrado “asesor de transparencia y combate a la corrupción”, por intento de extorsión.
La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la alcaldía Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro.
El también autollamado zar de las solicitudes de información contactó a directivos del periódico, primero vía telefónica y después de manera presencial, para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con Grupo Andrade.
El imputado dijo contar, supuestamente, con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar de manera mediática a todas las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda.
Al no aceptar entregarle pago alguno, Moyá Moyá presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, relacionada con los hechos de la denuncia iniciada por El Heraldo de México, con la única intención de presionar, tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos, y así obtener un lucro a través de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal.
El acusado también inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del Grupo Andrade.
De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. De acuerdo con la acusación, Moyá le exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que Alberto Wallace era un presunto delincuente.
Cobra con alias
En 2014, José Luis Moyá se postuló para ser comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En su comparecencia ante el Senado confesó que usa nombres falsos para cobrar en diferentes dependencias de gobierno, a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción. También reconoció que las empresas lo contratan en los procesos de licitación.
“Oiga, pero eso es un acto de corrupción…Un delito”, le dijo el entonces presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero. “Puede ser un delito, pero es una forma de combatir la corrupción”, respondió el entonces aspirante.
Como servidor público, Moyá Moyá fue inhabilitado en dos ocasiones. Según registros de la Secretaría de la Contraloría General en la Ciudad de México, en 2001 la Dirección de Normatividad y Situación Patrimonial le impuso el castigo, y en 2007, la Secretaría de Desarrollo Social.
Investigado por la UIF
Diversas autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública han recibido denuncias contra José Luis Moyá en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese tenor, revela la acusación que Continental Automotriz, propiedad de la familia Mena, incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a Moyá Moyá por poco más de 267 mil pesos.
Apenas el pasado 23 de febrero, el Presidente aseguró que “por lo general es común que los que pierden en una licitación siempre buscan inconformarse y, si no tienen elementos, o no quieren mostrarse con transparencia y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información”.
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