En comisiones legislativas se avalaron reformas al Código Penal estatal para sancionar con seis y 10 años de prisión a quienes eleven, impongan precios u obliguen a la compra de artículos, bienes servicios o mercancías, con la agravante si son integrantes de la delincuencia organizada o servidores públicos.
En sesión, se explicó que se adiciona el artículo 199 Bis para señalar a quien por medio de la violencia obligue a personas o unidad económica a comprar, obtener o adquirir de otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial.
Distribuir o vender bienes, insumos, mercancías o servicios a personas o empresas determinadas o imponer o fijar en una localidad o región un precio mayor por encima del mercado para la venta de bienes, mercancías o insumos o para la prestación de un servicio.
A quien sea responsable del delito se le impondrá de seis a 10 años de prisión y de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA); el delito contra el consumo contendrá tres agravantes.
Si en la comisión participan dos o más personas, serán de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días de multa; cuando estén involucrados sujetos se ostenten o identifiquen como miembros de asociación o grupo delictivo de 7 a 15 años de prisión y de mil 300 a dos mil UMA. Cuando el delito sea cometido por alguna persona que tenga carácter de servidor público, se impondrán de ocho a 20 años de prisión y de mil 500 a dos mil 500 días de multa.
Al respecto el presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia y diputado de Morena, Gerardo Ulloa Pérez, enfatizó que la realidad social es un fenómeno cambiante y las leyes se deben ajustar a esa realidad.
"Eliminar los conceptos de competencia desleal y distorsión del mercado, los cuales daban la idea de que con la reforma se regularía una materia diversa a la penal, también determinar de manera clara al sujeto activo del delito para que no existiera la posibilidad de criminalizar al comerciante", comentó.
Después de varias reuniones llegaron a la propuesta para que los operadores de la norma tengan elementos para enfrentar y atender la conducta delictiva que se presenta y propaga en algunas regiones del estado y violenta la libertad e integridad de comerciantes y consumidores finales, quienes resienten el alza de precios en productos básicos.
El proyecto tendrá que ser llevado ante el pleno del Congreso local para que sea analizado y aprobado, en su caso.
Sigue leyendo:
Van por 3 mil amnistías por delitos menores en Edomex
Tragedia en Naucalpan: tres ladrones asaltan un micro y matan a un pasajero
Caen 8 presuntos narcomenudistas en Edomex: estarían relacionados con el grupo delictivo “El 20”
