Amenazan con hacer paro

Empleados de Tapachula estallan ante la explotación laboral, acusan a la edil de pisotear sus derechos

Señalan a Rosa Urbina por incumplimiento de pagos, violación a derechos laborales y despidos injustificados en el sistema de agua potable

Trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado en Tapachula, protestaron este martes frente a la presidencia municipal, para exigir a la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda el pago de salarios retenidos. Los empleados, que suman más de un centenar, señalaron que también se les hace trabajar horas extras, en una violación a sus derechos laborales, ya que no se les paga por esos tiempos que realizan para la administración municipal.

“Exigimos justicia y que se respeten nuestros derechos como trabajadores, tenemos que comer y la presidenta no nos paga”, aseveraron los inconformes, que mantuvieron tomado el palacio municipal. Manifestaron que también hay despidos injustificados por parte de la dirección del Coapatap, para dar entrada a allegados a la presidenta municipal y familiares.

Exigieron la destitución del titular del Agua Potable, Julio Armando Cano Aranda, debido a que mantiene a los empleados sin seguridad social, pagos sin cumplir y la última quincena de enero sin llegar a los bolsillos de los trabajadores. Los trabajadores marcharon desde las instalaciones del sistema de agua potables ubicadas al norte de la ciudad, hacia el centro de Tapachula, donde presionan para que esos pagos se liberen.

Los empleados apuntaron que no trabajaran hasta que no haya solución a sus demandas, por eso también pidieron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras las protestas estallan en Tapachula, Urbina Castañeda viaja por varios municipios de la entidad, para promocionar la próxima feria internacional, lo que ha sido duramente criticado por los tapachultecos.

Una reciente filtración de documentos evidenció gastos millonarios de la presidenta municipal a distintos destinos del país y el extranjero, por lo que varios sectores sociales exigieron al Órgano de Control que realice una investigación y castigue estas anomalías.