El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente partidista acudió a la Corte con la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, y liderazgos panistas para interponer la acción de inconstitucionalidad debido a que la reforma electoral del Gobierno Federal supuestamente incurre en violaciones a la Constitución.
De acuerdo con el documento, el Plan B atenta contra la democracia mediante el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), así como disminuir sus recursos y capacidades. También busca que los ministros de la Corte analicen si es viable que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y que no haya un órgano electoral, como es el INE o el Tribunal, que pueda sancionar a estos funcionarios que buscan un cargo, principalmente como aspirantes a la presidencia de la República en 2024.
En entrevista, el líder nacional del PAN dijo que la acción de inconstitucionalidad tiene que ver con la propaganda gubernamental y la de responsabilidades administrativas.
"Van a ser varias acciones de inconstitucionalidad las que presentaremos, esta lo hacemos, a título de el mandato constitucional que, como presidente del partido, nos autoriza en materia electoral a presentar estas acciones de inconstitucionalidad", dijo Cortés.
El panista advirtió que interpondrán más acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ya que en las próximas semas el Senado avalará el resto del Plan B del gobierno federal. Y es que la reforma electoral del presidente López Obrador reduce la estructura administrativa del INE, compacta las estructuras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), además consejeros y magistrados no ganarán más que el titular del Ejecutivo Federal.
También se restringe las facultades del INE de sancionar cuando le corresponda a otras autoridades, elimina los fideicomisos del INE y las autoridades electorales no podrán reducir más del 25 por ciento el presupuesto de partidos políticos en sanciones, multas o descuentos. Incluso se prohíbe al INE ejercer su autonomía presupuestaria, y se debilitan las juntas distritales al despedir al menos mil 200 trabajadores.
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