El próximo lunes, el PAN presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la acción de Inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos que, en diciembre pasado fueron aprobadas por Morena y sus aliados en el Senado, como parte del Plan B de Reforma Electoral del presidente López Obrador.
Así lo confirmó en San Luis Potosi el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, quien agregó que también recurrirán las cuatro leyes restantes que seguramente serán aprobadas en febrero que inicie el siguiente periodo en la Cámara Alta.
"Mientras este gobierno, al que le queda la tercera parte de gestión siga sacando todo, imponiendo su mayoría y sin querer dialogar, nosotros vamos a recurrir a la Corte, porque es un recurso cuando consideremos que algo no es constitucional. Entonces es una pena, pero esas son las consecuencias de no querer ni siquiera sentarse a dialogar", expresó en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.
Romero Herrera señaló que el documento que ingresarán a la Corte, para demostrar la inconstitucionalidad de la reforma electoral, tiene como sustento principal la violación al Artículo 41 constitucional que le da autonomía al Instituto Nacional Electoral.
FOTO: Pepe Alemán
El líder de la bancada albiazul en San Lázaro afirmó que Plan B de reforma electoral pretende destruir orgánicamente al INE, pues quita los organismos locales. desaparece las juntas distritales y la organización de las elecciones queda en la incertidumbre, "lo que venia siendo un procedimiento de meses para poder convocar a ciudadanos para que fueran representantes de casilla, ahora puedan serlo personas que se inscriban dos horas antes de la elección, por ponerte un solo ejemplo", expuso.
El diputado Jorge Romero Herrera también mencionó que tienen contemplado incorporar en sus argumentos y alegatos a la acción de inconstitucionalidad el hecho de que la reforma electoral que está siendo aprobada nunca fue consultada con los pueblos y comunidades indígenas, así como tampoco con las personas con algún tipo de discapacidad, situación que ya tiene antecedentes en las resoluciones de la SCJN, que es violatoria a los derechos humanos y politicos.
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