En 2018, la Policía Cibernética del Estado México registró 863 reportes por diferentes delitos como acoso, fraudes, extorsiones, ciberbullying, grooming y sexting, entre otros, cifra que se disparó a 11 mil 900 el año pasado, un aumento de mil 278.9 por ciento.
Y se estima que podrían llegar hasta 15 mil reportes para el cierre de este 2022, un alza de 26 por ciento en un año aseguró Asunción Álvarez Alvarado, encargada del departamento de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Edomex.
Señaló que las “montadeudas” (aplicaciones que prestan dinero) es el delito que más se elevó en el último año, principalmente en municipios como Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, entre otros.
En los últimos dos meses se registró un repunte de los préstamos mediante aplicaciones, que pasó de 168 mensuales que se tenían en junio, a 198 en julio y 330 en agosto, situación que está relacionada con los gastos familiares que implicó el inicio de clases.
“Las personas, al requerir solvencia económica para sustentar los gastos que se venían con el tema de la escuela, empezaron a solicitar estos préstamos que parecen fáciles, porque las aplicaciones piden muy pocos requisitos; los montos van de 200 a 500 pesos mínimo, a cambio del acceso a contactos y claves”, explicó la funcionaria.
Añadió que “pero cuando otorgamos permisos, es como si les estuviéramos dando las llaves de nuestra casa, creemos que no va a pasar nada”.
En estos casos, el usuario debe cubrir el doble de lo que recibió en un periodo de siete días, lo que resulta impagable. Entonces la aplicación empieza a acosar y amenazar, con llamadas insistentes a la víctima o sus contactos, a quienes manda fotos editadas. Incluso, cuando ya pagó, le siguen exigiendo dinero.
Las aplicaciones de préstamos se dispararon 50 por ciento de 2020 a 2022, problema que también se registró a nivel nacional.
Cuando el área de atención ciudadana de la Policía Cibernética detecta un posible delito, se canaliza a la víctima al MP para que levante la denuncia formal, dependencia a la que le corresponde clasificar el tipo de ilícito; además lo asesoran para recabar la información necesaria.
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