El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si la prisión preventiva oficiosa es anticonstitucional, es decir, si se ordena la inaplicación del artículo 19 de la Constitución que establece esta figura jurídica para delitos graves.
El ministro Luis María Aguilar fue quien propuso invalidar la obligatoriedad de aplicar esta figura, ya que implica encarcelar a una persona durante su proceso sin que un juez pueda analizar si existe alguna otra medida cautelar más adecuada para su caso.
Para que esta medida se dicte, es necesario que un juez vincule a proceso a dicha persona, y que el el delito porque el que se vincula esté incluido en el artículo 19 constitucional.
En ese sentido, la discusión actual está justamente en si las autoridades judiciales deben revisar caso por caso, no importando el delito del que se les impute a las personas, y considerando aquellos elementos con los que cuenten la Fiscalía o la defensa.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
En México, una persona puede ser enviada a prisión tan solo con la acusación de la fiscalía, sin que haya de por medio una valoración judicial, lo que atenta contra el debido proceso, a esto se le conoce como la prisión preventiva oficiosa.
En su columna Prisión preventiva: cruzando el rubicón para El Heraldo de México, de Gustavo de Hoyos Walter, abogado y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C., explica que uno de los casos que mejor ejemplifican la forma en que se aplica la prisión preventiva en el país es el de Rosario Robles, ya que sin sentencia, se le detuvo, empero hay muchas personas que se encuentran en prisión de manera oficiosa, sin contar con una acusación ministerial ni haber iniciado un juicio.
Por lo anterior, se encuentra en discusión si la prisión preventiva oficiosa debería ser eliminada del orden jurídico, al violar derechos humanos tan importantes como la presunción de inocencia y la libertad.
De Hoyos Walter, también aclara que la prisión preventiva no ha sido aplicada solo en la actual administración; sin embargo, se han multiplicado los casos en que sí debido a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ampliaron los tipos penales y que con su sola acusación, sus adversarios pueden ser privados de su libertad.
Juan José Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que de entre el 40 y 60 por ciento de las personas que están en la cárcel en distintas entidades van por esta vía.
"Lo que vamos a ver en los siguientes días en la Corte y lo que estamos tratando de hacer divulgación al respecto, es el abuso de esta figura. La prisión preventiva oficiosa tiene un fin, y es que alguien se puede dar a la fuga, el caso de Emilio Lozoya cuando estaba en el extranjero es un buen ejemplo, que haya sido reincidente en los delitos o que ponga en riesgo a las víctimas".
Sin embargo, dijo, el problema es que los jueces de control o las fiscalías, simplemente por tener uno de los delitos llamados graves, deciden enviar a las personas a la cárcel.
Destacó que no es algo de este sexenio, de hecho, la primera consolidación de esta figura comenzó en 2008; sin embargo, la mano dura o el tener a más personas en prisión, no reduce los índices de inseguridad o violencia en México.
"Lo que esperamos que esta discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa es saber que si queremos una mejor investigación del delito, reducir los índices de criminalidad en México, necesitamos dotar a las fiscalías de mejores capacidades, a los policías de investigación, a quienes hacen las carpetas de investigación", apuntó.
¿Atenta contra los derechos humanos?
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a México eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla una medida que atenta contra los derechos humanos de los acusados y pisar parejo" en cuanto a la gravedad de los delitos.
En entrevista con el Heraldo Media Group, David Peña, abogado defensor de derechos humanos, dijo que con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa se busca hacer más justa la impartición de la justicia en el país, proteger los derechos humanos de los acusados, así como la optimización de las leyes mexicanas. Aclaró que no es lo mismo la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa.
"(La prisión preventiva justificada) busca castigar aquellos delitos graves, que mientras dure el proceso la persona esté recluida en prisión y eso evita que se pueda dar a la fuga, que pueda agredir a las víctimas, que pueda continuar cometiendo más delitos", explicó.
En tanto que la preventiva oficiosa "con la mera imputación que haga el Ministerio Público, sin razonar todos esos elementos, vas a la cárcel, esto implica que a rajatabla, en parejo, una persona que roba por primera vez, tiene 20 años y roba un celular en la calle, la mandan a la cárcel igual que a una persona que ha robado tres o cuatro veces o tiene antecedentes penales".
Esto, dijo, elimina un factor de valoración que debe hacer un juez para las condiciones de riesgo caso por caso, de ahí que no se busque eliminar la prisión preventiva oficiosa sino que cada caso se analice para saber en cuál si procede y en cuál no.
"Hoy tenemos casi 130 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es un exceso, es un absurdo de la propia medida".
Agregó que hay alrededor de 92 mil personas en prisión preventiva; sin embargo, el Estado no tiene el número de personas que se encuentran en uno u otro caso.
¿Qué opina el gobierno de su eliminación?
El pasado 25 de agosto, el gobierno mexicano cuestionó la propuesta del ministro Luis María Aguilar de eliminar la obligatoriedad de aplicar la figura de prisión preventiva oficiosa. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia indicaron que de dejarse en los jueces la decisión de aplicar la prisión preventiva, estarían expuestos a presiones adicionales, corrupción y violencia por el tipo de delitos que implica esa figura.
María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo federal, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señalaron que la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos ayuda a que se investigue, sancione y no exista impunidad.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eliminar esta figura daría pie a la impunidad y a la corrupción.
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En ese sentido, dijo, hay dos reformas que se discutirían en el máximo tribunal: “Una es eliminar delitos considerados graves, y otra, por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”.
Al cuestionarle que la mayoría de las personas privadas de su libertad no cuentan con una sentencia por esas medidas, dijo que debe buscarse “un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra”.
De igual forma, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que sería un error eliminar la prisión preventiva, ya que se contribuiría a la impunidad en delitos de corrupción e incluso atentaría contra la seguridad de las familias.
“No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino creo también representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad, inclusive, para la violencia feminicida”, señaló.
Finalmente, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, también está de acuerdo con mantener vigente la prisión preventiva oficiosa y en rediseñar el catálogo de delitos que ocupan este instrumento.
Señaló que es absurdo que delitos menores como el robo a casa habitación y a transporte tengan este tipo de sanciones.
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