Como balde de agua fría cayó al presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto para “acotar” la prisión preventiva oficiosa, porque contraviene los planes que tiene en materia de seguridad, combate al crimen y a la impunidad en México.
Después de conocer el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone eliminar la obligatoriedad de ese recurso legal, el mandatario estalló en cólera.
Ordenó a su consejera Jurídica, María Estela Ríos González, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, armar una respuesta y una estrategia jurídica y política para frenarlo.
De inmediato, se pusieron en contacto con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para conocer las intenciones del máximo tribunal en torno a tan controvertido tema.
En respuesta, pospusieron ayer la discusión del proyecto. Aunque les hicieron saber que la discusión sigue abierta.
Falta un debate de fondo y lo único que se conoció fue la propuesta de un ministro.
Es decir, en la Corte no se ha dicho la última palabra, por lo que el gobierno expuso sus motivos y dejó en la mesa una propuesta matizada en la que piden la prisión preventiva, aunque sea sólo en algunos casos. No es un tema fácil.
El asunto no sólo se discute en México, sino a escala internacional.
Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo pondrá sobre la mesa, después de que la defensa de dos hombres, que pasaron 17 años bajo esta figura, busca eliminarla de la Constitución mexicana.
La audiencia se realizará en Brasil y acuden también representantes del gobierno federal, así como el ministro en retiro José Ramón Cossío.
Por lo pronto, en México la Suprema Corte “atendió” los reclamos de AMLO. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo dijo con todas sus letras frente a legisladores: si el proyecto se aprueba como se anunció, estaría terminando con toda la estrategia de seguridad y “eso no lo merecen los mexicanos.”
Y es que la prisión preventiva se usa para poner tras las rejas a presuntos criminales, aunque también, en muchos casos, se mete a la cárcel a gente inocente, violentando derechos humanos, y ahí es ahí donde radica el debate.
Lo que resta ahora es ver si la totalidad de los ministros se ceñirá a los designios de AMLO, o buscan un punto intermedio, no para quedar bien, sino para abatir la impunidadque galopa campante a lo largo y ancho del país.
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De un día para otro, vecinos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por lo menos, amanecieron con un reguero de volantes y folletos en las entradas de sus casas y edificios, con mensajes en contra de funcionarios y legisladores del PAN en la CDMX, como Mauricio Tabe, Jorge Romero y Christian Von Roerich.
Los panistas se dieron a la tarea de investigar, y descubrieron la mano de Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, a quien acusan de orquestar tan peculiar estrategia, utilizando personal de la dependencia a su cargo. Entre otras cosas, los panfletos buscan involucrarlos con el mal llamado “cártel inmobiliario”, escándalo que detonó recientemente la Fiscalía General de Justicia de la capital, tras arrestar a un exfuncionario de Benito Juárez. Por lo pronto, la semana pasada, Tabe responsabilizó a Batres de orquestar una campaña en su contra.
La lectura que dan a esto, el alcalde y sus colegas, es que los de Morena y sus huestes están desesperados por ver que su tendencia es a la baja en todas las encuestas de popularidad.
No sólo eso, los mejor evaluados en su desempeño son precisamente los funcionarios de Acción Nacional.
Esa es la razón por la que desde la oficina de Batres decidieron armar una campaña de desprestigio para que la ciudadanía deje de verlos con buenos ojos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La política es a veces tan predecible que la sorpresa constante no sorprende.”
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
CAR
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